Todos pendientes del Consejo de Garantías Estatutarias y su posición sobre la 'Ley del catalán'
Se abre un nuevo capítulo sobre el decreto ley del catalán en la escuela. La Mesa del Parlamento admitió este jueves a trámite la solicitud de dictamen presentada por Vox, Ciutadans y el Partido Popular de Catalunya.
Reunión de la Mesa del Parlamento este jueves/ @ParlamentCatalunya
Se abre un nuevo capítulo sobre el decreto ley del catalán en la escuela. La Mesa del Parlamento admitió este jueves a trámite la solicitud de dictamen presentada por Vox, Ciutadans y el PPC .
De esta forma, en los próximos 12 días el Consejo de Garantías Estatutarias deberá posicionarse y emitir un dictamen sobre el decreto ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación , validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Dado que el día 31 de mayo expiró la fecha para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25% de clases en castellano dada por el TSJC .
DISTINTAS POSICIONES POLÍTICAS ANTE LA LEY DEL CATALÁN
JxCat, ERC, PSC y comunes llegaron a un acuerdo sobre el catalán en la escuela/ Firma: David Zorrakino / Europa Press
Vox, PP y Ciutadans consideran que el texto legislativo acordado por PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, que establece que el catalán será lengua "vehicular" en la escuela y el castellano, lengua de "uso curricular", relega a esta última lengua y, por tanto, no garantiza el cumplimiento de la sentencia del TSJC.
El líder del PSC , Salvador Illa, no ve con "angustia" que la aprobación de la ley del catalán se pueda retrasar por el recurso de Vox, Cs y PPC en el Consell de Garanties Estatutàries dado que el pacto entre los cuatro grupos no es según el líder de los socialistas catalanes por "esquivar o incumplir" la sentencia del TSJC que fija el 25% en castellano. También admitió que le hubiera gustado más que el pacto incluyera la palabra "vehicular" para hacer referencia al castellano en vez de "curricular". "Pero cuando llegas a un acuerdo debes encontrar una palabra que sea cómoda para todos", ha añadido.
La ministra de Educación, Pilar Alegría , ha remarcado por su parte que "lo que fija la justicia a través de sentencias firmes es de obligado cumplimiento" y que será el TSJC quien determine, cuando acabe el plazo, "si se ha dado respuesta positiva o no" a su resolución y ha apuntado que el Ministerio de Educación ya ha solicitado información a la Generalitat a través de la alta inspección educativa. Alegría ha defendido que, que el acuerdo por el catalán entre PSC, ERC, Junts i comunes es una muestra de "política útil".
La exconsejera de Ensenyament, Irene Rigau , celebra que Junts per Catalunya se haya reincorporado al acuerdo para aprobar la nueva ley de política lingüística, pero lamenta que ahora vayan tarde: "Hubo una decisión precipitada y ahora vamos con prisa". Rigau cree que una vez aprobada la ley, el TSJC ya no podrá recurrir a ella y si algunos partidos lo consideran, tendrán que recurrir la nueva ley al Tribunal Constitucional.
Según pactaron ERC y Junts, se rechazan los porcentajes en la enseñanza de lenguas e impera el criterio pedagógico, aunque la responsabilidad de definir los proyectos lingüísticos es del departamento de Educació.
UN DECRETO Y UNA LEY PARA HACER FRENTE A LA SENTENCIA DEL TSJC
Pere Aragonès dado un discurso a una escuela catalana/ @EP
Las dos herramientas para responder al TSJC empleadas por el gobierno de la Generalitat para que se aplique una cuota del 25% de castellano son la nueva ley sobre uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en educación no universitaria y el decreto ley aprobado en un consejo extraordinario .
De este modo el decreto será el detalle, y la ley será el marco general, pactado a cuatro después de todas estas semanas de negociación entre ERC , Junts, PSC y Comuns . Los socialistas, en cambio, no apoyarán el decreto del gobierno.
Ante todo los servicios jurídicos de la Generalitat han presentado otro escrito al TSJC para informarle del trabajo realizado todos estos días, que tienen una nueva ley hilvanada, y que, por tanto, sea flexible ahora que se acaba el curso escolar . Que sería peor el remedio que la solución.
Está claro que si el Consejo termina antes su dictamen, sólo habrá que saber si el TSJC da el aprobado.
LOS POSIBLES ESCENARIOS ANTE LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE GARANTÍAS
La Ministra Alegría ha pedido que las lenguas no sean un "arma política"/ @EP
Un dictamento favorable a las peticiones de Vox, PPC y Ciutadans tumbaría los objetivos perseguidos por JxCat, ERC, PSC y Comuns que llegaron a un acuerdo de mínimos para salvar al catalán de la sentencia del TSJC.
Mientras que un dictamen que desestimara la solicitud daría vía libre a la Generalitat y sólo el TSJC sería quien decidiera sobre el Decreto Ley de la Generalitat como ha dicho la Ministra de Educación, Pilar Alegría estos días en los medios de comunicación.
En este caso, como ha afirmado Irene Rigau , ex consellera de Educación catalana, lo más probable es que si el TSJC no ve ningún inconveniente en el Decreto de la Ley del Catalán de la Generalitat tampoco entonces sea una instancia superior como el Tribunal Supremo a quien acudan Vox, PPC y Ciutadans buscando apoyo a sus reivindicaciones en defensa de la enseñanza del castellano en las aulas de Catalunya.
EL DILEMA LEGAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CATALANES
González-Cambray defendiendo la posición de la Generalitat/ Firma: David Zorrakino / Europa Press
Entre medio el hecho de que sean los directores de cada centro educativo quienes decidan el modelo educativo lingüístico recaerá sobre ellos la plena responsabilidad de sus decisiones a pesar de que el consejero de educación, González-Cambray lo niegue.
El Conseller d'Educació estos días ha dicho entre otras cosas que "los profesores no podrán decidir en qué lengua dan clase" porque tendrán que ceñirse a los proyectos lingüísticos del centro educativo y no podrán fuera de este marco moverse porque " no se puede optar por descuidar con qué lengua se da una clase”.
El conseller ha remitido instrucciones concretas a las direcciones de los colegios públicos y concertados catalanes para aplicar el decreto ley aprobado por la Generalitat con el fin de hacer frente a la sentencia del TSJC que obliga a impartir el 25% de materias en castellano en todas las aulas catalanas a partir de mañana.
En la misma jornada, el Gabinete jurídico de la Generalidad de Cataluña ha alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "la imposibilidad legal" de ejecutar el 25% de clases en castellano en las escuelas y para asegurar la mayor efectividad de esta sentencia los centros tendrán que aprobar" los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos".
El Gobierno ve una imposibilidad legal de ejecutar la sentencia por “la concurrencia de forma sobrevenida de una causa como es la aprobación de un nuevo marco legal”, explicando que el Tribunal Supremo admitió planteamientos así en varias ocasiones.
En las instrucciones enviadas a los colegios, los directores tendrán que responder antes del 30 de junio un cuestionario formado por siete preguntas que si se responden afirmativamente implicarán la validación del proyecto lingüístico por parte de la conselleria de educación catalana .
En este sentido, González-Cambray ha subrayado que la responsabilidad ante la ley de los proyectos lingüísticos que se validarán "recae en la conselleria de Educación" de la que él es "su máximo responsable".
En caso de no ser validados, los centros contarán con la inspección educativa para reformular sus planes lingüísticos “como máximo durante los seis primeros meses del próximo curso escolar”, según el conseller.
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