CSIF denuncia las irregularidades de la puesta en marcha de la nueva prisión de Tarragona

Hoy se ha inaugurado la nueva prisión de Tarragona, Mas d’Enric, con las primeras conducciones de internos desde la antigua prisión de Tarragona a la nueva que empieza a las 7h de la mañana hasta completarlas a media tarde.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado hoy en un comunicado lo siguiente: "La apertura de Mas d'Enric se ha hecho tarde y mal por puras razones electoralistas. Las prisas siempre son malas consejeras y se han tenido que movilizar a más de 120 compañeros en comisiones de servicio para poder hacerse la foto antes de las elecciones".

Según CSIF, Mas d’Enric es la primera prisión que se abre "a coste cero" en cuanto a la plantilla, ya que no se ha convocado ninguna oposición para dotarla de funcionarios sino que se han redistribuido efectivos de otros centros penitenciarios. Según la sindical, ello ha dejado grandes huecos de personal en otras prisiones que ya estaban muy justas de funcionarios como Lledoners, Brians 2 o Puig de les Basses, en Barcelona.

“Los funcionarios penitenciarios catalanes tendremos que sufrir la mala planificación de nuestra Dirección General que quiere abrir la nueva cárcel del CP Mas d’Enric “a coste cero”, sin cubrir la totalidad de las plazas que dejan los compañeros que han obtenido comisiones de servicio hacia el nuevo centro penitenciario tarraconense, lo que nos lleva a una situación de falta grave de personal en el resto de centros”, lamenta Juan Luis Escudero, responsable de Prisiones de Catalunya del CSIF.

Si bien, van los funcionarios de la antigua CP Tarragona, “el problema es que ese centro era para 250 internos y el nuevo de Mas d’Enric tiene una capacidad de casi 1100 internos”, aclara Joan Escanilla, presidente de Catalunya del CSIF, quien añade que "para cubrir la necesidad de funcionarios, se están ofreciendo comisiones de servicio a los funcionarios de otros centros".

Como recoge CSIF en su comunicado, hay dos apuntes que resultan "reveladores". El primero, que se hayan trasladado a 10 funcionarios del CP Brians 1 y solo irán dos compañeros como sustitutos; o del CP Jóvenes se van 6 funcionarios y, con suerte, se cubrirán sólo 2 plazas. El segundo, que haya guardias en las que se han marchado 5 personas (Brians 1) de una misma guardia y no han sido cubiertos. Mientras tanto, el CP Mas d'Enric no estará totalmente operativo hasta dentro de un año y medio.

CSIF denuncia también que mientras las condiciones de los funcionarios son cada vez más precarias, el dispendio en las instalaciones de la nueva prisión de Mas d'Enric ha sido "espectacular": "Techos de madera traídos de Australia, una piscina olímpica que no tiene ningún pueblo de alrededor, aire acondicionado en todas las salas de recreo de los internos, pizarras táctiles en cada módulo, reproductores de cedé y televisores en todas las aulas…", asegura. 

Además, según la sindical, se han instalado cámaras y micrófono en las salas de cacheo, cosa que ya ha denunciado la misma por "atentar contra la intimidad del interno", pues "tiene que quedarse totalmente desnudo mientras lo graba una cámara y al otro lado puede haber una funcionaria viéndolo".

CISF desvela que esta prisión supuso una inversión de unos 100 millones de euros, "asumidos" por la constructora Comsa Emte mediante un contrato de derecho de superficie. A finales de 2011 esta empresa traspasa la infraestructura terminada al Departamento de Justicia, consejería que empieza a abonar un canon de 1 millón de euros mensuales hasta 32 años como retorno de la inversión. La Generalitat acabará pagando 384 millones de euros, casi 4 veces más del coste total de la obra, pagado con los impuestos de todos los ciudadanos catalanes.

CSIF asegura que la situación en las prisiones catalanas es tan preocupante que convocará asambleas de trabajadores para todos los centros para proponer un calendario de movilizaciones y otras medidas de presión.

A su vez, pide al Departamento de Justicia que audite y publique el coste final de la nueva prisión de Mas d'Enric para garantizar la transparencia de unos recursos públicos que deben estar especialmente fiscalizados en unos momentos de grave crisis económica en las finanzas de la Generalitat.