Gabriel Borràs condenado por “inducir a un delito de prevaricación” en el ACA

La Audiencia Nacional siete años después de denunciarse los hechos ha condenado a dos años de prisión y a entre cuatro y 12 años de inhabilitación a cargo público a seis exdirectivos y técnicos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), empresa pública de la Generalitat, acusados de la adjudicación a dedo de contratos por parte del ACA, entre los años 2007 y 2008, a una Unión Temporal de Empresas (UTE).

La sección octava de la Audiencia de Barcelona en el fallo final condena a entre otros al ex ICV, Gabriel Borràs como “inductor a un delito de prevaricación, previsto y penado en el artº 404 del C.P., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal e inhabiliación de ocho años especial para empleo o cargo público”. Es decir, lo ha condenado por los delitos de prevaricación y revelación de información reservada. 

Y lo ha hecho porque  en el momento de los hechos juzgados Borràs ostentaba el cargo de Director del Área de Planificación i la coordinación de Áreas del ACA desde el 11 de enero de 2007 hasta el 16 de mayo de 2010. Es decir, era el técnico del  ACA encargado de dar el visto bueno a los 38 contratos sobre la lupa judicial, desde su proximidad a ICV.

Posteriormente dió un giro político y llegó a ser el coordinador comarcal de Reagrupament Independentista en el Baix Llobregat para situarse luego en la órbita de ERC, partido que le promovió para ocupar diferentes cargos en la Generalitat. De hecho ahora mismo es el responsable del Área de Adaptación de la Oficina Catalana el Cambio Climático cargo que previsiblemente tendrá que abandonar tras su “inhabilitación para empleo o cargo público” durante los próximos ocho años.

En la sentencia, la Sala sostiene que la contratación de unos trabajos para mejorar la calidad de las aguas fue "irregular" y benefició a la Unión Temporal de Empresas (UTE), en la que participaba la empresa de uno de los condenados.

AMAÑABAN LOS CONTRATOS PÚBLICOS

La operativa era similar en todos los casos.  La empresa Artenginy --cuya administradora solidaria era Ana Barceló Caballero, casada con Josep Bou Termes, que fue jefe de Planificación de Usos del Agua en la ACA de 2000 a 2006 y también está acusado-- y Auding eran dos empresas que configuraban UTE, a veces con terceros, para concurrir a contratos públicos que conseguían en casi todas las ocasiones.

Auding fue la consultora que Quer fundó cuando dejó la gerencia, del la ACA en 2004 y tres  años después inició la actividad presuntamente ilícita. Las 38 concesiones sospechosas se adjudicaron desde septiembre de 2007 y durante todo el mandato en el que Francesc Baltasar (ICV) ocupó la Consejería de Medi Ambient.
 

La cúpula de la ACA tomaba la decisión de que las UTE en las que colaboraban ex altos cargos y técnicos de la casa se hicieran con contratos públicos de antemano y las pesquisas realizadas detectaron incluso reuniones de altos funcionarios del ACA y directivos de Auding y Artenginy con el objetivo de diseñar juntos el pliego de condiciones de los contratos que se sometían a concurrencia pública.

Para acabar de asegurar que la adjudicación iba en el sentido deseado, los mismos técnicos que participaban en los encuentros eran los que configuraban después las mesas encargadas de valorar las ofertas. Declinaban la balanza a favor de las compañías preelegidas y les adjudicaban los trabajos a cambio, presuntamente, de mordidas. E incluso se llegaban a fraccionar contratos para facilitar el éxito de esta operativa.

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