Un 45% de los reclusos en las prisiones españolas padecen trastornos psiquiátricos

Beatriz Pérez.- En España, un 45% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno psiquiátrico, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas de toda España.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que estas son personas que necesitan una atención especializada para solucionar sus problemas y que, por tanto, no deberían estar en cárceles que no cuentan con los medios adecuados. La prisión y lo que esta supone --privación sensorial, sexual, afectiva, entre otros factores-- no hace sino acentuar la gravedad de sus trastornos.

Paralelamente, en los últimos años y con la excusa de la crisis económica, el presupuesto de los gastos sanitarios y de los medicamentos en prisiones se ha reducido un 7,83%.

"LA PRISIÓN GENERA ENFERMEDAD MENTAL"

Para César Manzanos, miembro de Salhaketa, un movimiento de Vitoria-Gasteiz de apoyo y reivindicación de la dignidad de personas presas, “la prisión genera enfermedad mental”. “En prisión no existen programas de resocialización, ni psicólogos clínicos, solo administrativos –añade--. No hay políticas de prevención y la prisión no deja de ser un lugar de encierro, de privación sensorial, sexual, afectiva. En ella la salud no está garantizada. Es comprensible que los funcionarios también sientan inseguridad”.

En su opinión es una “aberración” ingresar a personas con problemas psicológicos graves en prisión. “Es, en definitiva, el recurso más fácil para invisibilizar el problema en vez de afrontarlo”, se queja.

LA SANIDAD DENTRO DE LAS PRISIONES

El pasado 10 de diciembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la APDHA publicó el informe ‘Vulneración de los DDHH en Andalucía’, en el que, entre otras cosas, se denuncia la desigualdad en la atención sanitaria. “En los centros penitenciarios encontramos enfermedades prácticamente erradicadas en el exterior, como por ejemplo la tuberculosis, padecida en un 5% (100 veces más que la población general según la Organización Mundial de la Salud) y los niveles de incidencia de otras enfermedades graves multiplican varias veces los niveles normales. El VIH-SIDA está extendido en prisión entre el 10% de la población, mientras que en el resto de la población afecta a un 0,3%”, recoge el informe. Además, también dice que la asistencia médica es “deficitaria” y de “peor calidad” que la del resto de la sociedad.

En un apartado dedicado exclusivamente a los enfermos mentales, la APDHA denuncia que estos “siguen hacinándose en centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos”. Según esta asociación, en Andalucía, donde hay unos 15.000 presos, en torno a 1.200 padecen enfermedades mentales graves y otros 6.000 sufren trastornos mentales y de la personalidad.

“La mayoría de ellos se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos, y su paso por tan duro ambiente agrava sus patologías en casi todos los casos. La prisión, por tanto, se convierte para estos enfermos en un sustitutivo inapropiado ante la falta de recursos asistenciales, evidenciando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia”, denuncia su informe.

TORTURAS

Además, en este mismo informe, esta asociación de defensa de los derechos humanos denuncia las “torturas” a las que son sometidos muchos reclusos. “La falta de investigación real e independiente de las denuncias por jueces y fiscales, unido a la adjudicación e indultos y medidas de gracia a los pocos funcionarios que, finalmente, son condenados por los Tribunales de Justicia, garantiza la impunidad de estos actos. En concreto, es preocupante esta práctica en los espacios de aislamiento penitenciario, en los que se facilita y dota de sistematicidad a la práctica de la tortura, constituyendo por sí mismo un trato inhumano y degradante”, asegura.

DENUNCIAS DE LA CSIF

Esta denuncia de la APDHA contrasta con el comunicado de la CSIF en el que este denuncia que las agresiones de personas reclusas a funcionarios dentro de las cárceles españolas han aumentado en un 37% desde el 2007 y, desde el inicio de la crisis y hasta el 2014, se han contabilizado más de 2.300. Según este sindicato, solo en el 2014 las agresiones aumentaron un 12% (equivalente a unos 370 casos).

Falta de personal, sobreocupación de las cárceles (la media de ocupación es de 150 internos por módulo --cuando el ideal serían en torno a 70-- de los que se ocupa uno o dos funcionarios), envejecimiento de la plantilla, la falta de plantilla de psiquiatría y la de formación específica en determinados perfiles, como los de carácter yihadista, son los principales factores que, según la CSIF, provocan el incremento de la violencia.

Sin embargo, estas acusaciones de la CSIF ha topado con algunas voces críticas, como la César Manzanos: “Tanto CSIF como ACAIP [Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias] son los dos sindicatos, la élite que decide, por ejemplo, quién es el director general de prisiones, por ejemplo”, asegura. “Son una mafia funcionarial que hace y deshace lo que quiere”, opina Manzanos.

“CSIF hace afirmaciones así para conseguir pluses salariales y medidas que mejoren su situación”, asegura. Manzanos reconoce que las malas condiciones que muchos reclusos viven dentro de la prisión aumentan su “ansiedad” y “malestar”, lo que puede generar conflictividad, pero no cree que, como asegura CSIF, que las agresiones de los presos a los funcionarios haya crecido un 37%.

“Ojalá fuera mayor esa conflictividad de la que hablan, porque eso demostraría que la población reclusa es capaz de responder ante su situación –dice--. Pero la realidad es que los presos están cada vez más domesticados y atontados, debido a los psicofármacos que toman”. Manzanos denuncia los “mecanismos de sedación” que las prisiones utilizan en los presos.