El transporte público y la circulación, entre las quejas más presentadas a la Síndica de Greuges

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, hizo 3.274 actuaciones el año pasado. De estas, un total de 1.733 fueron consultas y un total 1.541 fueron quejas, entre las que figura el transporte público y la circulación como el problema más común (248 quejas).

Del total de quejas, en 1.014 se ha hecho un asesoramiento técnico o jurídico, y 496 han derivado en informes de la defensora, mientras que las reclamaciones han sido suscritas por 5.218 personas.

Así lo indica el informe de balance 2015, que será presentado ante el pleno municipal el viernes 26 de febrero por la Síndica, que está en funciones, y ya figura como candidata a la renovación después de que la hayan presentado entidades, ha explicado a Europa Press.

Después del transporte público y la circulación, el ámbito que genera más quejas es medio ambiente --con 133--, seguido por servicios sociales (128), libertad cívica y seguridad ciudadana (100), vivienda y dignidad (95), urbanismo y ciudad (90), actividad económica (68) y hacienda municipal (67).

También ha recibido quejas sobre la accesibilidad y movilidad personal (56); educación, cultura y deporte (55); procedimientos administrativos (52); uso y mantenimiento del espacio público (50); atención al público y participación ciudadana (45); salud (30); función pública (30), y ciudadanía e inmigración (17), mientras que 277 reclamaciones se han derivado a otros organismos.

Por distritos y según la residencia de los ciudadanos, las zonas de las que se han recibido más quejas son Eixample (256), Ciutat Vella (208) y Sants-Montjuïc (154), seguidas por Horta-Guinardó (136), Sant Martí (124), Sant Andreu (122), Nou Barris (96), Gràcia (89), Sarrià-Sant Gervasi (59) y Les Corts (51), y también se han recibido 246 reclamaciones de vecinos de otras poblaciones, sobre todo del área metropolitana.

ORDENANZA DE CIVISMO

En seguridad ciudadana y libertad cívica, la Síndica ha recordado que en 2015 recibió quejas relacionadas con la Ordenanza de Convivencia, una norma que Vilà considera que no es la mejor herramienta para combatir o corregir determinadas conductas en la ciudad y que incluye sanciones desorbitadas que estigmatiza a algunos colectivos vulnerables y que resultan ineficaces.

Ha resaltado que en los tres últimos años no se aprecia una disminución de las sanciones impuestas --por lo que asegura que no es un elemento disuasivo--, y plantea si hay que mantener esta norma o dispersar las conductas que recoge en otras normas jurídicas vigentes.

La Síndica insiste en el informe en su apuesta por eliminar la tipificación infractora de las conductas que tienen origen en una problemática social, la exclusión de la responsabilidad infractora de menores de 14 años, y la aplicación sistemática y preferente de medidas educativas y trabajo en beneficio de la comunidad en todas las infracciones relacionadas con el civismo.

VIVIENDA, PRINCIPAL PROBLEMA

Sobre vivienda, la Síndica valora positivamente algunas medidas Del Ayuntamiento de los últimos meses, pero asegura que el acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema de la ciudad, por lo que pide impulsar una política de vivienda pública y que el plan de vivienda mejore la política dirigida a los colectivos más vulnerables.

Ha destacado que el 66,7% de las unidades de convivencia inscritas en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial --18.838-- cobran menos de 15.000 euros al año, en un registro en el que a diciembre de 2015 había 28.238 unidades de convivencia inscritas, que representan un total de 53.899 personas.

En cuanto a servicios sociales, pide reducir los tiempos de espera y formar adecuadamente a los profesionales, mientras que avisa también de que las personas sin techo en Barcelona no se han reducido, por lo que pide revisar los métodos de atención.

ACOSO ESCOLAR

Alerta de que, en el ámbito de educación, las quejas más habituales se refieren a la falta de respuesta escrita ante peticiones presentadas por la ciudadanía, y ve especialmente preocupante la demora en la respuesta del Consorci d'Educació de Barcelona ante dos familias que pidieron un cambio de centro porque sostenían que sus hijos estaban sufriendo acoso escolar, por lo que estuvieron meses en casa y sin ir a la escuela, algo que "no se puede permitir".

La Síndica pide que, en casos de sospecha de acoso escolar, se active el protocolo de detección e intervención ante el acoso entre iguales, aprobado por la Generalitat, para determinar si se está dando e iniciar las acciones que se correspondan, asunto por el que ha preguntado al Consorci.

El informe pide que se regulen los clubs cannábicos; exige al Gobierno central que se implique para abordar el 'top manta' y estudie fórmulas que permiten la regularización de extranjeros; propone un cambio en la normativa del transporte público para que diferencie según las causas de una infracción y amplíe bonificaciones hasta los 18 años.

TURISMO

Sobre el uso y mantenimiento del espacio público, los expedientes más significativos han estado vinculados al impacto del turismo masivo, y ha recordado que llevó a cabo una actuación de oficio en julio que señalaba que el Ayuntamiento había gestionado el turismo de forma poco eficiente.

Recomienda analizar detalladamente el impacto del turismo en la ciudad, desarrollar un plan de turismo --en el que se está trabajando-- y que compensar a los barrios donde la presión turística tiene más efectos negativos, entre otras medidas.