El abogado de la infanta Cristina intentó evitar que el Caso Palau afectara a CDC

 

Pablo Molins, abogado de la infanta Cristina, diseñó la estrategia para evitar que el caso Palau afectara a CDC, donde su hermano, Joaquim Molins, ha sido dirigente.

Aquella estrategia no ha prosperado, ya que el partido tiene embargadas quince de sus sedes, para responder ante la Justicia del millonario desvío de fondos públicos a través del Palau de la Música.

Félix Millet dirigió al juez en septiembre de 2009 una confesión en la que admitía haberse apropiado de 3,3 millones de euros de las arcas del Palau de la Música, junto a Jordi Montull.

Además, reconocía que habían manejado importantes sumas de dinero negro, en billetes de 500 euros, para pagar gastos del Palau.

En su escrito, Millet facilitaba un inventario de todo su patrimonio, valorado en más de 12 millones de euros, para garantizar que estaba dispuesto a compensar a la Justicia el dinero del que se había apropiado indebidamente.

Joaquim Molins ha sido portavoz de CDC en el Congreso de los Diputados, conseller de Comercio y Turismo (entre 1986 y 1988) de la Generalitat presidida por Jordi Pujol y posteriormente conseller de Política Territorial y Obras Públicas, entre 1988 y 1993.

En este sentido, la carta de confesión diseñada por el abogado Pablo Molins sólo reconocía una pequeñísima parte del fraude cometido en el Palau de la Música y ocultaba cualquier mención al desvío de fondos a favor de Convergencia.

Una vez cerrada la instrucción de la causa, el fiscal reclama una pena de 27 años y medio de cárcel para Fèlix Millet como principal responsable del saqueo del Palau y otros siete años y medio para el ex tesorero de CDC Daniel Osácar, al que reclama además veinte millones de euros.

La Fiscalía considera probado que la institución se utilizó para desviar más de 10 millones de euros a Convergencia, procedentes del pago de comisiones ilegales de constructoras, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la línea 9 del Metro de Barcelona y la construcción de la Ciutat de la Justicia. Como medida cautelar para responder de este desfalco, el juez mantiene embargadas 15 sedes de CDC.

No obstante, la carta de confesión diseñada por el abogado de la infanta tuvo otro daño colateral: en junio de 2010, Pablo Molins anunció públicamente que renunciaba a seguir ejerciendo la defensa de Millet por “pérdida de confianza”.

Durante su declaración como acusada, Cristina de Borbón intentó implicar a la Casa Real en las irregularidades del Instituto Nóos, al afirmar que todos los negocios de la falsa ONG montada por su marido habían sido supervisados por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, y por el asesor fiscal de la Casa del Rey, Federico Rubio.

Esta estrategia, coincidente con el pacto que han mantenido en sus declaraciones Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, ha provocado un profundo malestar en la Casa del Rey.