Botín intentó sobornar a ICV para que se retirara del juicio por cesiones de crédito

Emilio Botín le ofreció más de 100 millones de pesetas -600.000 euros- a Joan Saura, entonces responsable de ICV para que se retirase como acusación particular.

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El expresidente del Banco Santander, Emilio Botín intentó sobornar al entonces responsable de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Saura con más de 100 millones de pesetas -600.000 euros- para que se retirase como acusación popular del caso de las cesiones de crédito. 


Mientras que con Saura fue una operación fallida, sí lo consiguió con Ausbanc, ya presidida por Luis Pineda, ahora en la cárcel acusado de extorsión y pertinencia a banda criminal. 


Según ha declarado Joan Saura a Vozpopuli, en una comida privada entre él y Botín, el banqueró le espetó: "¿Qué hay de lo nuestro?" antes de ofrecerle 100 millones de pesetas. Al periódico digital le ha explicado: “Así, de golpe, me ofreció 100 millones de pesetas para empezar, más los gastos profesionales derivados del proceso si seguía los mismos pasos que Luis Pineda. Yo lo rechacé y le dije que este asunto lo llevaban nuestros abogados. Recuerdo que se pusieron en contacto con los del banco, pero, como es lógico, no aceptamos la misma oferta que Ausbanc sí admitió”.


EL CASO CESIONES DE CRÉDITO


Este caso arrancó en 1987 cuando el banco empezó a comercializar entre sus clientes el producto 'cesiones de crédito'. La Fiscalía investigó más de 47.000 operaciones de unos 3.500 clientes por un importe superior a los 2.600 millones de euros.


Estas investigaciones dieron pie a que la Audiencia Nacional acusara a los directivos del banco de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda pública. 


El caso sufrió muchos vaivenes y tres etapas clave: su archivo por el Supremo en 2007, su reapertura por el Constitucional en el 2010 y su archivo definitivo tres años después a consecuencia de la 'doctrina Botín', que impide la apertura de un juicio oral si únicamente lo reclama la acusación popular. 

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