El PP trata de seducir a Catalunya promentiendo la eliminación de peajes en las autopistas si gana el 26J

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Después de todo lo vomitado, el Partido Popular trata ahora de seducir a Catalunya para ganar las generales del 26J. Este miércoles, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que promoverá la eliminación de los peajes en las autopistas catalanas en la próxima legislatura si el PP vuelve a estar al frente del Gobierno central: "Ya va siendo hora".


En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha destacado que esta iniciativa se sumará a un "debate" sobre la mejora del sistema de financiación de Catalunya y del resto de comunidades autónomas.


En una posterior rueda de prensa en la sede barcelonesa del PP, el candidato por Barcelona y ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, se ha referido a la supresión de los peajes, precisamente acompañado de Hernando.


A medida que vayan caducando las concesiones, "las autopistas quedarán libres de peajes" en Catalunya, un compromiso que ya había mostrado la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, y que ahora el PP materializará en la próxima legislatura.


La AP7 será la primera en quedar libre de peajes porque su concesión finaliza en 2019, ha añadido, y ha destacado que Catalunya tiene el 20% de los kilómetros de autopista del conjunto del Estado.


TRABAJO CONJUNTO


Anteriormente en la citada entrevista, Hernando ha considerado que Catalunya iría todavía mucho mejor si el Govern abandonara el soberanismo y trabajara en conexión con el Gobierno central: "Catalunya no merece diputados con prejuicios que les hacen irrelevantes, deben colaborar".


También se ha referido a la propuesta del líder del PSOE y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, de crear 200.000 puestos de trabajo en el sector público: "El modelo del PP es crear empresas. El de Sánchez y Zapatero es crear funcionarios".


Además, ha vuelto a criticar al juez José de la Mata, que ha dado al PP un plazo de diez para que abone una fianza de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario por el caso Bárcenas, y ha recordado que el magistrado fue director general de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.


Cree que esta decisión es injusta y que puede estar condicionada por las críticas que le hizo el PP cuando era director general de Justicia: "Puede que eso le haya nublado el juicio; hubiera sido más deseable que se hubiera inhibido en este caso".

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