Casi 40 municipios ''vulneran el derecho al padrón'' en Cataluña

La Xarxa d'Entitats pel Padró ha criticado que hay al menos 37 municipios en Cataluña que "vulneran el derecho al padrón" municipal, algo que consideran un derecho de los ciudadanos, que da acceso a otros derechos como sanidad y educación, y también una obligación por parte de los consistorios.

Así lo han manifestado en rueda de prensa este viernes representantes de esta red, formada por Amnistia Internacional Catalunya, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), Coordinadora d'ONG Solidàries, Coordinadora Obrim Fronteres, Entitats Catalanes d'Acció Social (Ecas), Federació d'Infància i Adolescència, Fòrum de Síndics, Sindicas, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, LaFede.cat y Observatori Desca.

Han contabilizado estos municipios a partir de contrastar datos de entidades que trabajan en el territorio, por lo que no se trata de un listado completo de toda Cataluña, y han añadido que no quieren hacer un "señalamiento" de los que sí han incluido.

Entre los municipios están Alcanar, Agramunt, Bellpuig, Lleida, Tremp (Lleida), Arbúcies, Figueres, Llagostera, Olot, Ripoll, Salt, Santa Coloma de Farners (Girona), Arenys de Mar, Badalona, Balenyà, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Masnou, Igualada, L'Hospitalet de Llobregat, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Pineda, Premià de Mar, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrasa, Vilanova i la Geltrú, Vic (Barcelona), Calafell, Reus, Tarragona, Tàrrega y Tortosa (Tarragona).

"RACISMO INSTITUCIONAL"

Han asegurado que poner obstáculos o negar el empadronamiento es una vulneración de derechos grave, y han criticado la "arbitrariedad y racismo institucional" que consideran que hay detrás de los obstáculos que ponen estos ayuntamientos para acceder al empadronamiento.

Han detallado que algunos de los obstáculos con los que se encuentran las personas que se quieren empadronar son la falta de información, la "arbitrariedad de criterios en función de la persona que atiende", que hay formularios de empadronamiento que no contemplan todas las casuísticas y la dificultad para pedir cita y los horarios de atención al público limitados.

También han explicado que se encuentran con "requerimientos excesivos o innecesarios de documentos", comprobaciones de residencia que atrasan y dificultan el proceso, bajas automáticas del padrón sin notificación y que los ayuntamientos incumplen el plazo de tres meses para tramitar el padrón.

Han criticado que estas prácticas están "dirigidas a personas en riesgo de exclusión, muchas son migradas y también en situación de exclusión residencial", y han insistido en que reciben respuestas racistas por parte de los consistorios.

Consideran que el porcentaje de personas con dificultades para acceder al padrón es asumible si hay "voluntad política" para facilitarlo, y han criticado que no acceder a un padrón afecta a la igualdad de oportunidades.

"DA VOTOS"

Han sostenido que los ayuntamientos que dificultan el acceso al padrón están prevaricando e incumpliendo la ley, pero han alertado de que no hay ninguna consecuencia para ellos si no la cumplen, y consideran que además este tipo de prácticas "da votos".

Además se plantean presentar mociones en los ayuntamientos a favor del derecho al padrón para ver los posicionamientos de cada formación política, aunque han puntualizado que depende más del municipio y su realidad concreta que de los partidos.