Foment, contraria a imponer más impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas

La patronal Foment del Treball hizo público, el pasado domingo 30 de junio, su "rechazo frontal" a una posible ampliación de los impuestos extraordinarios que se cobran tanto a las empresas energéticas como a los bancos por parte del Gobierno de España, calificándolos de ser un castigo sin sentido a estos sectores económicos y señalando que persiguen, textualmente, un ánimo confiscatorio.

"Ante algunas informaciones que apuntan a que el Gobierno central intentará ampliar durante el próximo año los impuestos extraordinarios a empresas energéticas y bancos, Foment del Treball muestra su rechazo frontal a estas medidas", quiso dejar claro la organización empresarial en un comunicado publicado en el último día del sexto mes del año.

La patronal también recordó que el Gobierno central implementó estos impuestos debido a la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19 (especialmente dura entre 2020 y 2022) pero que, considerando la recuperación económica actual, quiso poner sobre la mesa que ya es "innecesario insistir en el mantenimiento de estas figuras extraordinarias".

Del mismo modo, en el comunicado en que mostraba su rechazo al aumento fiscal, quiso destacar del mismo modo que los impuestos extraordinarios a las energéticas y la banca sirvieron para recaudar 2.900 millones de euros durante el ejercicio de 2023.

Otras tasas: "Erradicación del impuesto al patrimonio"

Junto a la eliminación de los gravámenes temporales a energéticas y banca, Foment del Treball también ha reclamado la erradicación del impuesto al patrimonio, que califica de "único en su especie en Europa". En este sentido, la patronal ha anunciado que está dispuesto a acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, si es necesario, para lograr la eliminación del mencionado tributo.

Asimismo, ante la intención del Ministerio de Hacienda de llevar a debate durante el mes de julio una eventual armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones (algo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado hace unos días, a finales del mes pasado), desde la patronal catalana se apunta que la iniciativa va en contra de las competencias de las comunidades autónomas.

Foment carga duramente contra lo que considera que es algo que se suma "a la carrera intervencionista del Gobierno central a nivel fiscal".