Las 15 oficinas de la Agencia Tributaria catalana costarán 6,3 millones a la ciudadanía

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La obstinación en la independencia --que no cuenta con una mayoría en la calle-- no les está saliendo nada barata a los catalanes. Por un lado las embajadas y por el otro las oficinas de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), que el Govern quiere completar en julio de 2017, les supondrán a los catalanes --independentistas y no independentistas-- un desembolso de considerables sumas de dinero.


Así, el despliegue de las 15 oficinas de la ATC, que se sumarán a las cuatro instalaciones provinciales actuales, tendrán un coste de implantación de 6,3 millones de euros. Lo ha anunciado el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.


En comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament, ha explicado que, una vez abiertas, las nuevas oficinas tendrán un gasto de funcionamiento de 3,2 millones anuales, y de personal de 8,4 millones anuales.


La primera será la de Barcelonès Nord (en enero de 2017, con 800 metros cuadrados y 40 trabajadores), y el resto (con 216 trabajadores) se ubicarán en Figueres, Granollers, La Bisbal d'Empordà, la Seu d'Urgell, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Farners, Terrassa, Tortosa, Vic y Vilafranca del Penedès.


La ATC emplea actualmente a 375 personas, y prevé alcanzar las 800 en julio del próximo año, lo que supone pasar de unos costes laborales de 14,9 millones anuales a 31,5, ha agregado, para asumir la recaudación directa de todos los impuestos que son competencia de la Generalitat.


La ATC recauda directamente 1.242 millones de euros de los 3.097 totales procedentes de ingresos tributarios no sujetos a adelantos del sistema de financiación, lo que supone un 40%, y quiere pasar a recaudar directamente 2.306 millones asumiendo todas las competencias propias.


Para ello prevé incorporar a 264 personas para oficinas liquidadoras, 115 para recaudación ejecutiva y 43 para refuerzo de áreas estructurales, incluyendo la voluntad de "maximizar" la contratación de los 277 registradores de la propiedad --funcionarios estatales-- que actualmente recaudan impuestos para la Generalitat a través de 53 oficinas liquidadoras.


Con todo, Salvadó ha indicado que su contratación directa "no tiene amparo legal" en la legislación de la Función Pública, por lo que deberán presentarse a un concurso público abierto a cualquier persona que cumpla los requisitos para incorporarse como funcionarios interinos.


En cualquier caso, ha destacado que las bases del concurso valorarán la experiencia y conocimiento del sistema de recaudación tributaria, lo que ya tienen estos trabajadores.


AHORRO DE COSTES


El secretario de Hacienda catalán ha hecho un balance económico positivo del despliegue, calculando unos costes actuales de la recaudación externalizada de 37 millones (9,5 de recaudación ejecutiva que realiza la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 27,5 de oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad) frente a un aumento de costes futuro de 19,83 millones (3,23 de las nuevas oficinas y 16,6 del nuevo personal), lo que supone un ahorro de 17,2 millones anuales.


El Govern prevé asumir la totalidad de la recaudación ejecutiva --en colaboración con las administraciones locales-- en el primer semestre de 2017, y acabar este octubre --un año antes del vencimiento-- el contrato con las oficinas liquidadoras, que actualmente gestionan el 54% de los impuestos cedidos a la Generalitat (transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, y sucesiones y donaciones).


VINCULACIÓN A LOS PRESUPUESTOS 2017


Salvadó ha incidido en que para desarrollar este proyecto es "imprescindible" que el presupuesto de la ATC en 2017 contemple el despliegue territorial y de incremento de personal, además de unos 30 millones destinados a financiar los honorarios de los registradores de la propiedad, que ahora se pagan como minoración de los ingresos tributarios que recaudan.


De momento, la Generalitat quiere aprobar este mes la orden para la nueva estructura organizativa , funcional y territorial de la ATC, y ponerla en marcha antes de fin de año.


También implantará un nuevo sistema informático para gestionar la recaudación de los impuestos actuales --nacerá con el impuesto de patrimonio y la tasa turística-- y los que la Generalitat vaya asumiendo en el futuro.


ESCEPTICIPSMO EN LA OPOSICIÓN


Los grupos parlamentarios de la oposición han puesto en duda las previsiones de la Generalitat, tanto en calendario como en cálculo de costes, de forma que Albert Espinosa (C's) ha considerado que el Govern ha presentado números "hechos de manera muy parcial e interesada".


Alícia Romero (PSC) ha hablado de explicación poco creíble --por la brevedad de los plazos, entre otras cuestiones--, y Joan Coscubiela (SíQueEsPot) ha cuestionado la viabilidad del plan preguntando "si en 18 meses se puede hacer lo que otros no han hecho en ocho años".


María José García Cuevas (PP) ha reivindicado que el sistema tributario actual de colaboración entre la administración autonómica y central ya funciona correctamente, y que el despliegue de la ATC "no parece un plan solvente y bien planificado", sino un proyecto político que puede hacer que deje de funcionar lo que actualmente funciona y asegura una recaudación fiscal justa y que persigue el fraude fiscal.


Ante la afirmación de Salvadó de que la voluntad del Govern es asumir todas las funciones tributarias del marco autonómico y preparar los cimientos de la futura Hacienda catalana, la portavoz del PP ha aseverado: "No podemos apoyar un sistema de la ATC para saltarse la ley".


La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha hecho hincapié en la necesidad de que los procesos de contratación de personal se realicen con transparencia y buen hacer, especialmente en el caso de la incorporación de los registradores de la propiedad. 

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