Junts exige al Govern, que defienda el catalán ante el fallo del TSJC

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha reclamado este miércoles al Govern de la Generalitat que actúe “con contundencia” frente al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo aprobado en 2024. Sales ha calificado la decisión judicial como un “nuevo ataque frontal” contra la lengua catalana y ha exigido una respuesta política firme.

“No puede ser que los tribunales ataquen la lengua catalana de esta manera y la quieran debilitar en la educación y la sociedad. Vulnerar los derechos de los catalanes educativa y socialmente es un agravio que tenemos que poder revertir”, ha afirmado en un comunicado difundido por el partido.

La sentencia del TSJC invalida artículos que establecían el catalán y el aranés como lenguas principales en la enseñanza, la gestión administrativa y la relación con las familias, así como en los materiales y evaluaciones escolares. También elimina disposiciones que priorizaban el catalán en la enseñanza de lenguas extranjeras y como lengua de acogida para alumnos recién llegados.

Sales ha dirigido sus críticas directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la consellera de Educación, Esther Niubó, y al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, preguntando si acatarán la sentencia o si “defenderán la lengua catalana hasta el último momento”.

La portavoz ha recordado que esta fue una de las razones por las que Junts no firmó el Pacte Nacional per la Llengua, al considerar que no ofrecía garantías suficientes para blindar el catalán en el sistema educativo. “El catalán debe ser la lengua vehicular en la escuela. Es la lengua propia del país”, ha sentenciado.

La decisión del TSJC ha reactivado el debate sobre el modelo lingüístico en Catalunya, en un contexto de creciente preocupación por el retroceso del uso social del catalán. Junts, junto a otras formaciones independentistas, considera que el fallo judicial representa una injerencia en las competencias educativas de la Generalitat y una amenaza directa al modelo de escuela catalana.