El Govern moviliza más de 2.000 millones del ICF para revolucionar la vivienda pública en Catalunya

Catalunya se encuentra en un punto crítico en cuanto al acceso a la vivienda. El aumento de los precios del alquiler, la escasez de pisos asequibles y la presión sobre los jóvenes y familias de renta baja han convertido la vivienda en uno de los asuntos sociales más urgentes de la comunidad. Frente a este escenario, la Generalitat, a través de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha presentado un ambicioso plan para transformar radicalmente el parque de vivienda pública, con la movilización de más de 2.000 millones de euros del Institut Català de Finances (ICF) destinados a la construcción, rehabilitación y gestión integral de pisos públicos.

"Hemos articulado una política que, de mantenerse en el tiempo, nos va a permitir tener a futuro un parque de vivienda pública de un 15%", aseguró Paneque, subrayando la dimensión estratégica de esta iniciativa, que combina financiación, urbanismo y políticas sociales.

El papel central del ICF en la transformación del parque público

El Instituto Catalán de Finanzas se posiciona como el eje central del plan de vivienda. La Generalitat ha diseñado un sistema mediante el cual se realiza una cesión de uso de los inmuebles durante 75 años, asegurando que “la rentabilidad, desde el precio del alquiler hasta el coste de construcción, [está] alrededor de entre un 4% y un 6%". Este modelo permite maximizar los recursos públicos y garantizar que las viviendas públicas no solo sean accesibles, sino también sostenibles financieramente.

La utilización de fondos del ICF representa un paso histórico, no solo por su cuantía, sino por su enfoque integral, que pretende equilibrar la inversión pública con la protección social. Paneque destaca que esta línea de actuación pretende garantizar que el acceso a la vivienda deje de ser una preocupación recurrente para miles de catalanes.

Ayudas al alquiler: un respaldo directo a los colectivos más vulnerables

Junto con la construcción de nuevas viviendas, la Generalitat ha reforzado las ayudas al alquiler, beneficiando actualmente a 60.000 familias. El complemento asciende a 250 euros mensuales y está orientado “específicamente para jóvenes, personas mayores y familias con rentas bajas".

La consellera enfatiza que estas ayudas forman parte de una política estructural que busca prevenir la exclusión social y asegurar que los colectivos más vulnerables tengan acceso a un hogar digno. “La ciudadanía está en un nivel de preocupación elevado respecto a la situación de la vivienda y para el Govern son políticas estructurales y prioritarias", explicó Paneque, subrayando que la intervención del Govern no solo es económica, sino también estratégica y social.

La gestión del suelo: clave para construir 50.000 viviendas

Uno de los desafíos más importantes en Catalunya es la gestión eficiente del suelo disponible. Según la consellera, “el problema no es la falta de suelo, sino la gestión de este suelo". Este enfoque permite optimizar los terrenos existentes, planificar nuevos desarrollos y garantizar que la construcción de viviendas se distribuya de manera equilibrada, evitando la concentración únicamente en grandes áreas metropolitanas.

En la primera convocatoria del plan se han recibido 670 solares, de los cuales “prácticamente la mitad” provienen de promotores adjudicados por los ayuntamientos. Gracias a este despliegue, se estima que 14.000 viviendas podrán entrar en fase de construcción y promoción el próximo año, un hito que marca el inicio de un proceso que, de mantenerse, permitirá la edificación de 50.000 viviendas antes de 2030.

Plan quinquenal y proyección a largo plazo

El proyecto de vivienda pública no se limita al corto plazo. Según Paneque, los 50.000 pisos constituyen “el objetivo del primer quinquenio de este plan, que llevaba en un cajón metido doce años". A más largo plazo, la Generalitat estima que para garantizar un parque público suficiente y sostenible se necesitarán hasta 220.000 nuevas viviendas en las próximas dos décadas.

Este enfoque permite anticipar la demanda futura, alinear la construcción con las necesidades demográficas y establecer un sistema de vivienda pública robusto capaz de soportar los cambios del mercado y las tensiones sociales.

Impacto social y económico del plan

Más allá de la construcción y las ayudas, el plan tiene un impacto directo en la cohesión social y en la economía local. La creación de nuevas viviendas genera empleo en construcción, arquitectura y servicios urbanos, al tiempo que reduce la presión sobre los alquileres privados y mejora la accesibilidad para los ciudadanos con menor poder adquisitivo.

Paneque insiste en que el plan busca “todos los derechos” para quienes trabajan y contribuyen a la sociedad, en contraste con aquellos que dependen exclusivamente de ayudas públicas. “Los 50.000 previstos son el objetivo del primer quinquenio de este plan… Esto nos permitirá tener un parque de vivienda pública de un 15%", explicó, reforzando la visión de un proyecto que combina justicia social y sostenibilidad financiera.

Coordinación institucional y consenso político

El plan cuenta con consenso entre diferentes administraciones y actores sociales. La Generalitat trabaja coordinadamente con ayuntamientos, promotores privados y entidades financieras para maximizar la eficiencia de los recursos. La política de vivienda se concibe como una estrategia integral que combina planificación urbana, desarrollo económico y atención social, con la meta de garantizar el derecho a la vivienda como un derecho estructural y permanente para todos los ciudadanos de Catalunya.

Cambio estructural en el acceso a la vivienda

Con esta iniciativa, la Generalitat pretende transformar radicalmente la oferta de vivienda pública en Catalunya. La combinación de financiación histórica, gestión estratégica del suelo, promoción de nuevas viviendas y refuerzo de ayudas al alquiler crea un modelo integral que podría convertirse en referencia a nivel estatal y europeo.

"Hemos articulado una política que, de mantenerse en el tiempo, nos va a permitir tener a futuro un parque de vivienda pública de un 15%", concluyó la consellera, dejando claro que Catalunya apuesta por un cambio profundo y sostenido en su política de vivienda, buscando garantizar un acceso justo, sostenible y socialmente equilibrado para todos sus ciudadanos.