Hacienda pone en el punto de mira a los cargos colocados a dedo en las diputaciones

 

Diputación de Barcelona

El nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado que implantará un nuevo plan de impulso y transformación de la Administración Pública para 2017-2019, que servirá para poder ahorrar 900 millones durante los próximos años. 

De momento, Hacienda no ha concretado exactamente dónde se aplicará el mayor recorte aunque, según fuentes de El Confidencial Digital, éste irá directo contra los 'enchufados' de las Diputaciones. En este sentido, la reforma de la administración conllevará rebajas en las plantillas de asesores y personal eventual pero nunca contra los funcionarios. 

Así, y como admiten en Hacienda, el PP le hace un guiño a Ciudadanos. No cede en la supresión directa de las Diputaciones, como exigía Albert Rivera, pero sí acomete una reducción significativa del llamado "gasto político" y que sirve para pagar sueldos de exdirigentes de los dos grandes partidos hasta ahora en el poder y que han sido colocados en esos organismos. 

3.000 ASESORES EN EL PUNTO DE MIRA 

Según las mismas fuentes, técnicos del Ministerio ya están elaborando el borrador de la reforma, que revisa la situación de casi 3.000 asesores del ámbito local. Con dicho informe, se decidirá sobre su continuidad o no en los cargos que ocupan ahora mismo. 

El Gobierno, que ahorrará con esta reforma más de 700 millones de euros en gastos, también quiere marcar una tabla salarial para los cargos públicos con el fin de acabar con la "dicrecionalidad exagerada" que existe en la fijación de estas remuneraciones. "No es razonable que un alcalde o un asesor cobren más que el presidente del Gobierno", argumentan. 

LAS CONTRATACIONES A DEDO DEBERÁN JUSTIFICARSE 

Con estos cambios, Hacienda també prevé obligar a seguir criterios homogéneos para la elección del personal, debiendo justificar debidamente las contrataciones a dedo de los cargos de confianza. 

Esto significa que, cuando no se encuentre el perfil requerido en el seno de la Administración Pública, se podrá buscar fuera, pero justificando una experiencia y una cualificación de ese personal que no está en la Administración.

Ahora bien, se quiere fomentar también que los puestos que sean de de directores generales para abajo deban ser cubiertos por funcionarios, mientras que sí podrían ser cargos de confianza un jefe de gabinete o un responsable de prensa.

Se concluye que la mayor parte de estos expertos, colaboradores, ayudantes y demás nombres bajo los que están ocultos los asesores, se encuentran en las diputaciones y otros entes públicos de menor tamaño ya que en la Adminstración central está más controlado.