La Generalitat quiere vincular los incentivos de los CAP a la duración de bajas por salud mental

En medio del debate político y profesional, el departamento insiste en que el objetivo no es recortar derechos, sino evitar demoras diagnósticas y bajas sin fundamento médico.

El anuncio sitúa en el centro de la discusión el equilibrio entre la eficiencia del sistema sanitario y la autonomía clínica de los profesionales, en un contexto de presión asistencial creciente en la red pública de Catalunya.

La Conselleria de Salud de la Generalitat introduce para 2026 un conjunto de objetivos dentro de la contraprestación por resultados del CatSalut que condiciona hasta un 5% de los recursos económicos de los que dispone cada centro de atención primaria, sin afectar al presupuesto base destinado a garantizar la actividad ordinaria de los CAP. Entre estos objetivos figura la adecuación en la prescripción de días de baja laboral en pacientes con patologías de salud mental y osteomusculares.

Un modelo de incentivos vinculado a resultados

El sistema planteado forma parte del catálogo de objetivos que el Servei Català de la Salut fija periódicamente para evaluar resultados y distribuir una parte variable de los recursos. Según detalla la información difundida por SER Catalunya, el mecanismo no recorta la financiación estructural de los centros, sino que condiciona un porcentaje vinculado al cumplimiento de indicadores.

Desde la Conselleria de Salud se defiende que los criterios se fijan siempre “bajo criterio médico” y que los indicadores de referencia responden a parámetros clínicos, no económicos. El departamento subraya que el propósito real es evitar bajas sin diagnóstico y reducir las demoras en las visitas y en las pruebas complementarias.

El argumento de las demoras diagnósticas

Salud sostiene que una parte de las incapacidades temporales se prolonga por retrasos en el acceso a pruebas diagnósticas. Según el departamento, muchas personas permanecen meses de baja “porque las pruebas tardan demasiado”, y si las exploraciones se agilizan, el diagnóstico llega antes, el tratamiento se inicia con mayor rapidez y la incapacidad temporal tiene una duración ajustada a las necesidades reales del paciente.

La Conselleria remarca además que las duraciones óptimas de las bajas no las determina el propio departamento, sino la Seguridad Social, que las establece “según criterios médicos y tablas oficiales”. Con este argumento, el Govern insiste en que la medida no invade la autonomía profesional, sino que se alinea con los estándares clínicos ya vigentes.

Reacciones en el Parlament

La iniciativa provoca una reacción inmediata en la oposición. Los grupos parlamentarios de ERC, los Comuns y la CUP registran el pasado miércoles una petición de comparecencia de la consellera de Salud, Olga Pané, para que explique en sede parlamentaria la introducción de estos objetivos y sus implicaciones para los profesionales y los pacientes.

Las formaciones consideran necesario aclarar el alcance real del sistema de incentivos y su impacto potencial en la práctica clínica, en especial en ámbitos sensibles como la salud mental y las patologías osteomusculares, que concentran un volumen significativo de incapacidades temporales.

La respuesta de las asociaciones profesionales

El debate trasciende el ámbito político y alcanza a las organizaciones del sector. El Fòrum Català d'Atenció Primària y la organización La Capçalera alertan en un comunicado de que la medida “atenta contra la confianza social de las personas en sus profesionales referentes de atención primaria”. Ambas entidades sostienen que la vinculación de incentivos económicos a la duración de las bajas puede erosionar la relación médico-paciente.

En su posicionamiento, también advierten de que el sistema supone una vulneración de los derechos de los trabajadores en la medida en que su incapacidad temporal debe ser valorada exclusivamente bajo criterios de necesidad clínica.

Un debate abierto sobre autonomía y sostenibilidad

La discusión que ahora se abre en Catalunya enfrenta dos principios que conviven en tensión en los sistemas públicos de salud: la autonomía profesional basada en el criterio clínico y la necesidad de introducir mecanismos de evaluación y eficiencia en la gestión de los recursos.

Mientras la Conselleria de Salud defiende que el modelo refuerza la calidad asistencial al reducir demoras y ajustar las bajas a parámetros médicos reconocidos, los grupos políticos y las asociaciones profesionales reclaman garantías para que ningún incentivo económico interfiera en la decisión clínica individual.

La controversia se instala así en el corazón del sistema sanitario catalán, donde la atención primaria constituye la puerta de entrada y el primer referente para miles de trabajadores que dependen de una baja laboral para proteger su salud.