El Congreso reactiva la investigación de los atentados yihadistas en Catalunya tras ocho meses de parón

La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Catalunya el 17 de agosto de 2017 reanuda su actividad tras ocho meses sin comparecencias, retomando la agenda pendiente con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas. La cita inicial contempla la declaración de un agente de la Policía Nacional desplazado a Marruecos para recabar muestras de ADN de la familia de Abdelbaky Es Satty, presunto cerebro de los ataques.

Un regreso marcado por la evidencia científica

El primer interrogatorio se centra en el agente con carné profesional número 77619, quien participó en el viaje a Marruecos para identificar a Es Satty después de su muerte en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona).

Según fuentes parlamentarias, los policías desplazados han indicado que su labor fue mayormente testimonial, pues fueron las autoridades marroquíes quienes gestionaron la obtención de las muestras de ADN. Esta evidencia resulta clave para reconstruir la cadena de responsabilidades y los mecanismos de coordinación internacional que permitieron avanzar en la investigación.

"Nuestra actuación fue de apoyo; las gestiones principales las realizaron los colegas marroquíes", ha explicado el agente en la vista oral.

La ausencia del seguidor del imán de Ripoll

La comisión había previsto también la comparecencia de Adrián Fernández Ramírez, un joven convertido al Islam que mantuvo contacto con Es Satty. Sin embargo, Fernández Ramírez ha comunicado que no puede acudir en la fecha programada, por lo que su declaración se aplaza.

En su intervención durante el juicio por los atentados, Fernández Ramírez aseguró que coincidió con Es Satty en Castellón, habló sobre la yihad pero nunca llegó a compartir material de propaganda ni instó a cometer atentados. Este testimonio, aunque limitado, podría aportar información sobre la red de influencias del imán de Ripoll y la forma en que se producían los procesos de radicalización.

"Coincidí con él y hablamos sobre religión, pero no participé en ninguna actividad violenta ni difundí contenidos del Daesh", declaró el joven en sede judicial.

Ocho meses de inactividad y un contexto político tenso

El último encuentro de la comisión se celebró el 26 de junio del año pasado. Posteriormente, las sesiones quedaron suspendidas, en gran parte por la ruptura política entre Junts y el Gobierno, que paralizó la convocatoria de nuevas comparecencias.

Antes de las festividades de Navidad, el presidente de la comisión, Txema Guijarro, recordó a los portavoces la responsabilidad del Congreso con las víctimas y la necesidad de decidir si continuar con las declaraciones o avanzar hacia un acuerdo de conclusiones.

"El Congreso tiene un compromiso con las víctimas y debemos determinar si seguimos con las comparecencias o pactamos conclusiones", subrayó Guijarro.

Pendientes de nuevas comparecencias clave

La comisión aún debe decidir sobre la citación de responsables policiales y militares que no han declarado, como el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Además, se debate la posibilidad de llamar a altos cargos políticos que aún no han desfilado ante el Congreso, incluyendo al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Estas comparecencias podrían arrojar luz sobre las decisiones políticas y de seguridad adoptadas antes y después de los atentados, así como sobre los posibles fallos en los mecanismos de prevención.

Un proceso clave para la memoria y la justicia

La reactivación de la comisión representa un esfuerzo por reconstruir de manera rigurosa los hechos del 17 de agosto de 2017, combinando análisis técnico, declaraciones policiales y testimonios vinculados a la radicalización local. La investigación busca no solo esclarecer responsabilidades sino también fortalecer la prevención de amenazas similares en el futuro.

El Congreso enfrenta ahora el desafío de avanzar con transparencia y rigor, equilibrando el compromiso con las víctimas, la complejidad del contexto internacional y las tensiones políticas internas.