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Dos días después de que el ministro de Finanzas Jorge, el Diario de Andorra hace pública la detención del ex alcalde de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil, y otros cargos de la parroquia. Gil habría usado supuestamente tarjetas de crédito a cargo de la corporación.
La policía judicial ha detenido esta mañana los exalcalde de Sant Julià de Lòria Montserrat Gil y Manel Torrentallé, así como el interventor de la corporación, José María Altimir, acusados de un delito de malversación de capitales públicos.
Desde la policía señalaron que se les acusa de un presunto delito de malversación de capitales públicos y falsedad documental tras una investigación de dieciocho meses encaminada y dirigida por la fiscalía general. También han expuesto que la investigación sigue abierta.
Se les acusa de haber malversado, en principio, unos 80.000 euros durante los años en que han estado al frente de la corporación. La acusación se derivaría de cuestiones poco claras de su gestión y el asunto de las tarjetas.
La primera detención, al parecer, ha sido al exalcalde mayor, Montserrat Gil. Más tarde habrían llegado las de Torrentallé y Altimir.
LAS CUENTAS DEL 2013
Uno de los elementos clave del caso es de las denominadas tarjetas 'black', que ahora apenas hace un año terminó a la fiscalía. El organismo comenzó a investigar los gastos que el cónsules lauredianos hicieron por valor de 41.337 euros durante el 2013 y que en un informe del Tribunal de Cuentas se indicaba que no estaban suficientemente acreditadas. El caso levantó los recelos de los consejeros de la minoría, en ese momento Josep Roig como representante de SDP y Rossend Areny como miembro del PS, que incluso habían reclamado públicamente que la fiscalía actuara para investigar la cuestión.
El asunto salió a la luz en 2015 cuando el Tribunal de Cuentas hizo público el informe de fiscalización de las cuentas de lo común laurediano correspondiente al año 2013. En el documento se indicaba que "en ningún caso consta el motivo" de las operaciones que los mandatarios respaldaron vía tarjeta de crédito hace tres años. Según se especificaba, el pagos se registraron "como gastos de representación" pero "no se ajustan en todos los casos" a esta tipología.
Finalmente, tras la insistencia de los miembros de la minoría, los cónsules dieron explicaciones. Detallaron un cargo de 28.176,58 euros correspondientes a la tarjeta de Gil y 13.186,98 de la del cónsul menor, Manel Torrentallé. Gil identificó 9.288,62 euros como gastos protocolarios o de representación y 18.887,96 euros correspondientes Camprabassa. En total, pues, dejó 4.000 euros sin justificar. Torrentallé, en cambio, pudo presentar documentación acreditativa de todos los cargos.
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