domingo, 20 de octubre de 2019

La CASS se querella contra Higini Cierco por la 'caja B' de BPA

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HiginiCierco


La Caja Andorrana de Seguridad Social se ha querellado contra Higini Cierco por los presuntos fraudes en las cotizaciones por más de 40 millones de euros que se habrían hecho a través de la caja B de BPA, la sociedad panameña Landstreet. La CASS ya se había querellado inicialmente contra Juan Pablo Miquel por este supuesto delito, pero, según fuentes cercanas al caso, la Seguridad Social decidió recientemente ampliar la querella a tres personas: el ex presidente de BPA Higini Cierco y los dos responsables del fondo Dolphin que también eran socios de Landstreet (Javier Escoda y Daniel García). La caja B hacía pagos a través de Landstreet y esta sociedad estaba formada por Juan Pablo Miquel en un 50% y la otra mitad se la repartían Escoda y García, porque en principio a través de la panameña se tenían que pagar las primas del fondo Dolphin. La sociedad, sin embargo, se utilizó para hacer pagos bajo cuerda, según la Seguridad Social y según la alcalde Canòlic Mingorange, para cantidades superiores a los 40 millones. De la mitad que tenían los dos responsables del fondo Dolphin Escoda tenía un 35% y García el 15%.


La CASS considera que Cierco también debe estar entre los querellados porque fue quien firmó en nombre de Banca Privada el contrato con Landstreet y, además, cobró 648.000 euros de la panameña. Hay que recordar que BPA era quien enviaba el dinero a Landstreet y posteriormente se repartían en primas entre gente que llevaba clientes a los bancos y en diferentes conceptos que aún no se han aclarado. Como se pagaba en negro todas las cantidades hay grandes cifras entregadas a gestores y directivos del banco susceptibles de ser cotizadas a la Seguridad Social y no se hizo.


LA VERSIÓN DEL GRUPO CIERCO


El grupo Cierco explicó hace meses en un comunicado su versión sobre el pago al ex. La transacción en su cuenta personal, según esta explicación, tiene lugar porque Higini Cierco habría avanzado un dinero a Juan Pablo Miquel para que adquiriera un paquete de acciones de BPA que pertenecían al Grupo Julia. Cabe recordar que la alcalde Mingorance acaba de hacer un auto en el que se bloquean las cuentas de todas las personas que recibieron pagos bajo cuerda de Lansdstreet. El bloqueo es equivalente a la cantidad que recibieron de la caja B. Así, al ex presidente de BPA se le han bloqueado las cuentas por valor de 648.000 euros.


La querella de la Caja Andorrana de Seguridad Social contra Higini Cierco es la primera que se presenta contra el ex dentro de las diferentes causas relacionadas con el asunto BPA. El texto de la querella de la CASS indica que se dirige contra todas aquellas "personas y entidades que resulten coautores, cómplices y / o cooperadoras necesarias", y se solicita que tanto los inculpados como las sociedades BPA y BPA fondos sean responsables solidarios al la hora de hacer frente a las posibles sanciones económicas a consecuencia de los perjuicios de los afiliados de la CASS para esta supuesta defraudación.


La cantidad presuntamente defraudada no se puede todavía terminar de establecer porque al tratarse de decenas de pagos bajo cuerda es muy complicado saber qué tenían algún tipo de relación laboral o contractual y cuáles no. El mismo Juan Pablo Miquel recibió hasta 15 millones de euros de Landstreet y los dos gestores del fondo Dolphin también se repartieron una cantidad similar. Miguel hizo una regularización, una vez revelado el fraude, de 547.098 euros, que, según la parapública, es muy inferior a las cantidades defraudadas y tampoco le exime del presunto delito.


CONTRATOS FICTISIS DE PREJUBILACIÓN


La Seguridad Social aún mantiene abierto el expediente por unos supuestos contratos ficticios que Banca Privada habría hecho a algunos trabajadores para encubrir una prejubilación y así permitir que los empleados se retiraran con la pensión íntegra. El caso más flagrante, según ase-lar en el se momento la parapública, corresponde al antiguo jefe de personal, el cual constaba como receptor de 100.000 euros bajo cuerda en 2014. El pago se hizo a través de la caja B de la panameña Landstreet y contaba como "liberalidad prejubilación".

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