Bartomeu será juzgado por corrupción y estafa en el fichaje de Neymar
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por el presidente del FC Barcelona y será juzgado junto con el delantero brasileño, sus padres y Sandro Rosell, su antecesor en el cargo.
El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, finalmente será juzgado por el fichaje de Neymar en 2013, que derivó en una causa por corrupción y estafa.
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por Bartomeu, que intentaba eludir el juicio oral que pedíael juez instructor, José de la Mata.
El juez instructor expuso que el contrato firmado el 2011 por el cual Neymar recibió 40 millones de euros para fichar en el futuro por el Barcelona habría alternado el libre mercado de fichajes de futbolistas.
El tribunal considera que sobre el actual mandatario culé --por aquel entonces vicepresidente— recaen las mismas responsabilidades en el supuesto amaño de contrato del astro brasileño que las del entonces presidente del equipo, Sandro Rosell.
De esta manera, Bartomeu será juzgado junto con el delantero brasileño del equipo azulgrana, sus padres y Sandro Rosell, su antecesor en el cargo, por delitos de estafa y corrupción entre particulares.
La Audiencia Nacional expone que la intervención de Bartomeu en el operativo "aparece de manera nítida" y que este tenía responsabilidades directivas en el ámbito deportivo igual que Rosell, presidente del club al momento del fichaje.
SE ALTERÓ EL MERCADO DE FICHAJE
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 concluyó que el fichaje habría impedido al jugador que entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia de modo que "se obtuviera una mayor cantidad económica por el traspaso" constituyendo el delito de corrupción entre particulares.
De la Mata tomó esta decisión después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa, que él archivó, modificando su primer auto de transformación, en el que ventilaba la cuestión en sólo tres párrafos, lo que provocó un recurso de la Fiscalía que reclamaba mayor motivación.
La causa se abrió por la querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, y que, según la Fiscalía, dejó de cobrar 3,2 millones de euros que le hubieran correspondido.
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