Más de 300 profesores de Derecho afirman que las autoridades autonómicas violaron la ley en Catalunya

La han enviado al presidente de la Comisión Europea. 

Más de 300 catedráticos y profesores de Derecho de universidades de toda España han enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que explican los acontecimientos de los últimos meses en Catalunya y afirman que quienes violaron la ley fueron las autoridades autonómicas, no el Gobierno español, la Policía o los jueces.

FALSEDAD DE ACUSACIONES

En la misiva, impulsada por Francesc de Carreras y Josu de Miguel, catedrático emérito y profesor titular, respectivamente, de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, se denuncia la "falsedad de las acusaciones" de la carta publicada el pasado 31 de octubre por un centenar de políticos, intelectuales y eurodiputados. 

"Es ridículo acusar al Gobierno central y a los tribunales de no respetar los estándares legales de la Unión Europea establecidos en los Tratados de la UE y en la Convención Europea de Derechos Humanos cuando, en realidad, quienes actúan fuera de la ley, incluso al margen del Estatuto de Autonomía de Catalunya y de las propias leyes de la Generalitat, son las autoridades catalanas", afirman.

En su opinión, el texto difundido en octubre incluye "numerosos errores factuales" y una "terrible falta de conocimiento" de la Constitución y la legislación españolas. 

Para responder a eso, ofrecen "una versión más ajustada" de cómo se produjo la aprobación en Catalunya de la Ley del Referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica, la actuación policial ante el referéndum del 1 de octubre o la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

La carta ha sido difundida a través de Twitter por la Representación de España ante la UE, pero fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español han aclarado que no es una iniciativa suya.

VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

En ella se subraya que la simpatía que se pueda sentir hacia las aspiraciones del independentismo catalán, eso "no puede ser un pretexto para presentar España como una dictadura o como un país en el que se cometen arbitrariedades políticas y judiciales". 

Para losque firmaron la carta es "inadmisible" afirmar que las autoridades europeas consienten la violación sistemática del Estado de Derecho en España.

Según señalan, el referéndum del 1 de octubre "no cumplía ni las garantías democráticas más básicas" según los estándares europeos, y su fin era regular el "derecho de autodeterminación de Catalunya", un derecho que "no está respaldado ni por las leyes españolas ni por el Derecho Internacional".

Además, afirman que la Generalitat no puede convocar una consulta cuyos resultados "afectan directa y necesariamente a todo el pueblo español" y que, al aprobar la Ley del Referéndum, la mayoría independentista en el Parlament negó a la oposición "los derechos más básicos de participación" e ignoró a los letrados de la Cámara.

NIEGAN ACCIONES REPRESIVAS

Tampoco consideran que el Gobierno o el poder judicial hayan violado el derecho de reunión, el de manifestación, de participación política o la libertad de expresión. 

En este sentido, niegan que se hayan emprendido "acciones represivas" contra funcionarios y cargos públicos, medios de comunicación, empresas o ciudadanos.

Sobre los hechos del 1 de octubre, afirman que la Policía Nacional no hizo un uso "desproporcionado ni abusivo" de la fuerza contra los "votantes y manifestantes pacíficos" y rechazan la cifra de heridos facilitada por la Generalitat (900).

Explican que, ante la "desobediencia" de las órdenes judiciales por parte de los Mossos d'Esquadra, agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que sustituirles y fueron objeto de "una verdadera emboscada".