Más de 30 municipios mantienen un recurso contra la Generalitat por dejar de subvencionar guarderías
La Generalitat tiene que pagar 2.358.200 euros a consistorios en deuda por los cursos de 2012 a 2015.
El TSJC condena a la Generalitat por dejar de subvencionar a guarderías
Un total de 36 municipios mantienen un recurso contra la Generalitat por dejar de subvencionar a guarderías, a fecha de 2015, y entre los que hay 30 que tramitaron conjuntamente el recurso -aunque cuatro no han continuado ante los tribunales-, y seis que mantienen el pulso individualmente.
Así, lo han tramitado individualmente Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Joan Despí y Terrassa (Barcelona), todos del PSC.
Conjuntamente, lo han tramitado los ayuntamientos de Barberà del Vallès, Camprodon, Canovelles, Castellar del Vallès, Castellbell i el Vilar, Cerdanyola del Vallès, Lleida, Montmeló, Pineda de Mar, Pont de Vilomara i Rocafort, Ripollet, Rubí y Sant Adrià de Besòs.
También lo han hecho Sant Boi de Llobregat, St. Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d'Hortons y Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, El Vendrell y Viladecans.
La mayoría de los 30 consistorios del escrito conjunto son del PSC, con la excepción de Montseny (AMP-PM), Olesa de Montserrat (BO-EUA-E), El Prat (ICV-EUA) y Santa Perpètua de Mogoda (ICV-EUA).
Los ayuntamientos de Granollers, Les Masies de Voltregà, Riudarenes y Sant Cugat Sesgarrigues formaron parte del primer escrito conjunto de reclamación, pero no han continuado el recurso ante la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
CONDENA DEL TSJC
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la Generalitat por dejar de subvencionar a guarderías, en un contencioso iniciado por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha informado el consistorio en un comunicado.
El fallo condena a la Generalitat a pagar 2.358.200 euros a consistorios en deuda por los cursos de 2012 a 2015, y subraya la responsabilidad financiera de la administración autonómica en la etapa educativa de 0 a 3 años.
De esta forma, ha dado la razón al consistorio del Baix Llobregat, obligando a la Generalitat a abonar 1.300 euros por alumno y curso, como prevé el último convenio firmado en 2013.
El fallo clarifica el deber de la Generalitat de cofinanzar estos servicios municipales, que se crearon de acuerdo con un plan autónomico de 2005 para potenciar la primera etapa de la educación infantil.
Según el Ayuntamiento, la Generalitat esquivó su compromiso, primero reducido significativamente su aportación, de 1.800 euros por alumno y curso, a 1.600 y después a 1.300 euros, y después dejando de formalizar los convenios con el consistorio.
DEMANDA EN 2014
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cornellà acordó en sesión plenaria del 25 de septiembre de 2014 requerir a la Generalitat que, en ejercicio de sus competencias y cumplimiento de obligaciones legales, pagara la deuda exigible en aquel momento, de 826.800 euros en concepto del curso 2011-2012, y que formalizara el convenio para los cursos posteriores.
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