Asociaciones de jueces ven inviable una investidura telemática de Puigdemont

 

Puigdemont en videoconferencia desde Bélgica. 

Las asociaciones de jueces han advertido de que, desde el punto de vista jurídico, es más que cuestionable una posible investidura telemática del expresidente catalán Carles Puigdemont desde su exilio en Bélgica.

Así, los magistrados creen que la intención de Puigdemont, evitando acudir a la sesión de investidura del Parlament catalán, es ponerse fuera del alcance de la Justicia.

Para Ignacio González, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, el pacto alcanzado por JuntsxCat y ERC para la formación de la Mesa implicaría una reforma previa del reglamento de la cámara regional.

Una modificación que, de salir adelante, el Gobierno la recurriría ante el Tribunal Constitucional, quedando automáticamente suspendida.

De ser así se incurriría en una situación idéntica a la que ha estado Catalunya los últimos meses, es decir, seguiría vigente la aplicación el artículo 155 hasta que no existiera un presidente y un gobierno nombrados y posesionados de acuerdo con las normas legales.

Esta situación se podría alargar incluso meses hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso del Gobierno contra la reforma del Reglament, previsiblemente anulándola por completo.

Un desacato de la suspensión del alto tribunal implicaría la vuelta a un escenario de ilegalidad contrario a la Constitución, según expone el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Celso Rodríguez. 

DELITO DE PREVARICACIÓN

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, ha advertido sobre las consecuencias que tendría una interpretación "torticera" del reglamento de la Cámara regional.

Una decisión administrativa en aplicación del reglamento de la Mesa del Parlament, es susceptible de ser suspendida cautelarmente en sede de la jurisdicción contencioso administrativa. 

Si se entiende que esa decisión tiene rango legal, entonces la suspensión debe ser solicitada ante el Tribunal Constitucional. 

En el caso de que una resolución administrativa sea dictada por la Mesa del Parlament a sabiendas de su ilegalidad, puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.

Entre las opciones que barajan las formaciones independentistas para la investidura de Carles Puigdemont está la de que éste delegue la lectura de su discurso en otra persona debido a su ausencia.

Él no sería el único,ya que los exconsellers Clara Ponsatí, Lluis Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret, son también diputados electos que se encuentran con él en Bélgica.

Los magistrados consideran que no es lo mismo ausentarse en la sesión por estar huido que por permanecer en prisión, como ocurre con los diputados electos Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez, exlíder de ANC. 

En el caso de estos últimos pueden pedir un permiso al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, para poder estar presente en la misma y no sería de extrañar que se concediera.