El PDeCAT tira balones fuera tras la sentencia de condena del Palau a CDC

 

El PDeCAT, heredero de la antigua CDC, se saca de encima las responsabilidades políticas de la sentencia que condena a CDC por corrupción en el caso del Palau de la Música y mira hacia otro lado. Ni la actual cúpula del PDeCAT ni  Carles Puigdemont darán un paso en el sentido de asumir responsabilidades o admitir alguna culpa.

La sentencia obliga al partido fundado por Jordi Pujol  a pagar casi 6,7 millones de euros por haber desviado fondos a través del Palau de la Música.  Lo que se ha juzgado hasta ahora es solo una de las ramificaciones de la financiación ilegal de Convergència. Pero sus herederos ya se han apresurado a desvincularse del tema, a pesar de que las relaciones con CDC son más que evidentes y que el presidente de Convergència lo ha sido también del PDeCAT hasta esta misma semana: Artur Mas. Es más: la sede del PDeCAT fue comprada con el dinero de la venta de la sede de Convergència.

En una nota oficial, el PDeCAT dice que la sentencia del caso Palau “tiene que ver con CDC, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un caso que es anterior al año 2010”. Ello no es del todo cierto: la Fundación Trias Fargas (luego llamada CatDem), la oficial del partido, acordó devolver 630.000 euros que recibió del Palau de la Música mediante un convenio que había hecho con esta institución. Fue una devolución en cómodos plazos anuales, pero no hubo dimisiones ni responsabilidades de cargos políticos, si exceptuamos el relevo del tesorero ahora condenado, Daniel Osàcar, que fue sustituido por Andreu Viloca . El resto del dinero distraído, prácticamente 6,7 millones de euros, llegó a la fundación de CDC y, por tanto, al partido, a través de diversas vías. Ese dinero es el que se reclama en la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

Otra cosa es que luego la sentencia sea recurrida. En ello están los abogados de la formación: pensando en acudir al Supremo porque desde el partido se considera que las acusaciones realizadas tanto a CDC como a su extesorero Daniel Osàcar son poco sólidas.