Vecinos a favor y en contra del polémico desalojo del asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona
El edificio, convertido en un gran asentamiento okupado, albergaba a aproximadamente 400 personas, en lo que se ha descrito como el proceso de desocupación más grande ejecutado hasta la fecha en Catalunya.
Con un despliegue de más de 100 agentes para desalojar a 400 personas del asentamiento bajo la ejecución de una orden judicial se está produciendo este miércoles la intervención policial en respuesta a una demanda del Ayuntamiento de Badalona para "recuperar la propiedad" municipal. El operativo cuenta con el aval judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, cuya resolución del pasado 12 de diciembre autorizó la entrada y ejecución del Acuerdo de Gobierno del consistorio esta semana.
Mediante un mensaje en sus redes sociales, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol ha afirmado ante sus vecinos que "me comprometí y empieza la desokupación de los 400 ojupas ilegales del B9". En los comentarios la mayor parte de los vecinos apoyan a su alcalde que en esta legislatura cuenta con mayoría absoluta para llevar a cabo el desalojo. Pero también hay vecinos que se preguntan "donde irán estas personas sin un lugar donde ir".
Junto al amplio despliegue de furgones policiales y agentes antidisturbios que han ejecutado la orden desde primera hora, se han personado en el lugar los servicios sociales municipales y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para prestar asistencia a las personas desalojadas.
Reacciones políticas y sociales
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha confirmado los detalles del operativo a través de sus canales oficiales, señalando que esta acción supone el cumplimiento de un compromiso adquirido previamente con la ciudadanía.
Por otro lado, el desalojo ha generado una respuesta inmediata de rechazo por parte de colectivos sociales y organizaciones políticas como la OJS (Organització Juvenil Socialista) en Badalona. Estas entidades han calificado la actuación de "violencia" sistémica ante la actual crisis de vivienda y han reclamado la construcción de una alternativa política bajo el lema "una vivienda universal". Asimismo, han señalado la responsabilidad política en el mando del operativo.
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