Sirera propone construir hasta 15.300 viviendas en el 22@ y reformar la ZBE

Barcelona se sitúa en el centro del debate político sobre vivienda, urbanismo y movilidad tras la propuesta de Daniel Sirera, que combina expansión del 22@, reformas en la Zona de Bajas Emisiones y defensa de los contratos privados como pilares de la seguridad jurídica. La iniciativa abre un amplio debate sobre la capacidad de crecimiento de la ciudad, las soluciones habitacionales y la gestión de asentamientos irregulares.

Reactivar la construcción en el 22@

Daniel Sirera anuncia la construcción de hasta 15.300 nuevas viviendas en el 22@, recuperando el planteamiento inicial de 60 ámbitos frente a los 25 actualmente activos. Según Sirera, “Collboni viaja por Europa para pedir más recursos y fondos en vivienda, cuando en el 22@ tiene una gran oportunidad para construir vivienda”.

La propuesta se plantea como parte de un plan más amplio para reactivar la construcción en Barcelona, con especial atención a zonas estratégicas como la Zona Franca y La Sagrera. Sirera advierte que la situación de la vivienda es “crítica”, destacando que en 2025 la obra nueva cayó un 40% y que el precio del metro cuadrado en alquiler se mantiene como el más alto de España.

El plan incluye un nuevo MPGM para 2027, que inicialmente contempla 5.280 viviendas en el 22@, pudiendo sumar 8.580 con las previsiones actuales y llegar a 15.300 mediante la ampliación del planeamiento. “Es necesario facilitar la inversión y volver a construir para obtener más vivienda a precio más asequible”, sostiene Sirera, subrayando la colaboración público-privada como clave para incrementar la oferta.

Reformas en la Zona de Bajas Emisiones

Sirera propone que cualquier vehículo que supere correctamente las pruebas de emisiones en la ITV pueda circular por la ZBE, reemplazando el sistema actual basado en etiquetas de la DGT. “Si un coche demuestra en la ITV que cumple los límites de contaminación, no tiene sentido prohibirle circular únicamente por su año de fabricación”, explica.

El dirigente denuncia además que “no tiene sentido pagar un impuesto de CO₂ a la Generalitat si después no te permiten circular por la ZBE. Es un triple castigo para quienes pagan la ITV, el impuesto de emisiones de CO₂ y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y aun así no pueden circular por la ciudad”.

Bloque Sant Agustí y respeto a la ley

Respecto al Bloque Sant Agustí, Sirera critica las declaraciones del president Salvador Illa, que asegura que pondrá todos los medios de la Generalitat para evitar el desahucio de los ocupantes. “Que un presidente afirme que los contratos que firman las personas no tienen validez supone trasladar un mensaje muy peligroso a la sociedad”, alerta Sirera.

El dirigente recalca que la seguridad jurídica y el respeto a los contratos son pilares del Estado de derecho y llama a Illa a “situarse del lado de la ley, del Estado de derecho y del respeto a los contratos que libremente firman los ciudadanos”.

Desalojo del asentamiento de la Sagrera

Sirera valora positivamente el desalojo del asentamiento de la Sagrera, reclamado por el PP durante un año y medio, y denuncia que el barraquismo ha vuelto con más de 60 asentamientos activos. “No queremos que estas personas se trasladen a otros puntos de Barcelona. La solución pasa por que quienes se encuentran en situación irregular sean puestos a disposición judicial y de la Delegación del Gobierno para su repatriación y, en los casos en que sea necesario, que los servicios sociales actúen y los acompañen”, afirma.

Asimismo, critica la doble moral de la izquierda, recordando la actuación contra Xavier García Albiol por el desalojo del B9 y la falta de respuesta frente a los asentamientos actuales.

Implicaciones políticas y urbanísticas

La propuesta de Sirera combina políticas de vivienda, movilidad y seguridad jurídica, generando un debate central sobre la capacidad de Barcelona para ampliar su oferta habitacional, mejorar la circulación de vehículos y garantizar el cumplimiento de contratos y normas. La iniciativa refleja la estrategia del PP de reforzar la colaboración público-privada y la planificación urbana como herramientas para hacer frente a la crisis habitacional y social.