Trabajo multa a Glovo con 79 millones y regulariza a 10.600 de sus trabajadores

La ministra Díaz advierte de que "el peso de la ley caerá sobre esta empresa"

|
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
La ministra Yolanda Díaz, en una comparecencia. Foto: Europa Press

 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este miércoles 21 de septiembre que la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa a Glovo de casi 79 millones de euros. La sanción se impone por un plazo comprendido entre el año 2018 y el 11 de agosto de 2021, poco antes que entrara en vigor la Ley Rider.

 

Díaz, en declaraciones a los medios a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ha afirmado además que se ha procedido a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa.

 

La vicepresidenta ha acusado a Glovo de "vulnerar" los derechos laborales de sus trabajadores y de "obstruir" la labor de la Inspección de Trabajo, algo que ha calificado de "gravísimo" en un Estado social y democrático de Derecho, en el que las empresas "tienen que cumplir la ley".

 

"Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección", ha advertido la vicepresidenta.

 

Según ha adelantado la cadena SER, la Inspección ha procedido a regularizar la situación de 8.331 trabajadores de Glovo en Barcelona y 2.283 trabajadores en Valencia a los que la empresa de reparto de comida se negó a poner en nómina.

 

Por su parte, Glovo apunta que "el importe notificado incluye no solo las propuestas de cuotas a la Seguridad Social sino también una propuesta de sanción por cada repartidor". Del mismo modo, la empresa de reparto asegura que, durante el periodo de inspección, pidió "ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones así como distinta documentación, algo que fue rechazado por la Inspección de trabajo y pospuesto a cuando el acta ha sido presentada".

 

La compañía dice también que se trata de "una resolución unilateral, que implica una propuesta de la inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y o de infracción".

Sin comentarios

Escribe tu comentario




He leído y acepto la política de privacidad

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
AHORA EN LA PORTADA
ECONOMÍA