La amenaza de los peajes en las autovías se convierte en una nueva arma política para las elecciones

La DGT afirmó que en 2024 se pondrían peajes en las autovías, algo que posteriormente aclaró que no era cierto porque se trataba de una confusión, pero PP y PSOE lo han utilizado de nuevo para cruzar acusaciones

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Levantamiento de barreras en el peaje de la AP-7 en La Roca del Vallès (Barcelona).

 

Levantamiento de barreras en el peaje de la AP-7 en La Roca del Vallès (Barcelona).
Peaje / @EP

El pasado jueves, el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, explicó que las autovías españolas implantarán peaje en el año 2024 "por imposición de Bruselas", algo que ha levantado todo tipo de reacciones entre los políticos. El director explicaba que existían diferentes modelos "sobre la mesa", como el sistema por viñeta o el pago por kilometraje, y afirmó que su "única preocupación" era la conservación y el mantenimiento de las carreteras.

 

No obstante, la DGT salió a desmentir por la tarde las declaraciones de su lider, argumentando que se debía a  una "confusión", ya que la entidad no tiene "ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse" sobre esta cuestión.

 

El Gobierno no tardó en salir al paso y negar estas afirmaciones. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, desmintió que el Ejecutivo estuviera pensando en imponer peajes por el uso de las carreteras, y además recordó que en la última legislatura habían eliminado el pago en más de 1.000 kilómetros de autopistas.

 

 

Después de la disputa por las sospechas sobre Correos, el tema de una hipotética implantación de peajes en las autovías españolas ha vuelto a convertirse en un arma arrojadiza entre ambas formaciones. "Quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras. Además, sorprende muchísimo la hipocresía del Partido Popular, que fue quien encargó precisamente estudios para implantar peajes a partir del año 2021, y además, la hipocresía reforzada de muchos líderes del PP, que en privado reconocen que están a favor de un sistema como este", declaró la ministra. 

 

"Yo me remito a los hechos. Somos el gobierno que ha liberado los peajes. Hemos liberado 1.000 kilómetros de peaje en nuestro país y, por lo tanto, cuatro de cada diez kilómetros de peajes que existen en España han sido liberados gracias a las políticas del Gobierno socialista", ha defendido Sánchez

 

Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, también garantizó este viernes que no habría peajes en las autovías. "Lo desmiento categóricamente", sentenció. "Navarro lo ha hecho también (desmentirlo), diciendo que él ni es competente ni entendía sobre esta materia", ha agregado la Ministra al respecto de las declaraciones del director de la DGT. 

 

También se ha pronunciado al respecto Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Bolaños negó este lunes que se fueran a implementar los peajes el próximo año en las autovías. 

 

EL PP NO LO VE TAN CLARO

 

A pesar de que la misma DGT explicó que las declaraciones del director se debían a una confusión, el PP ha aprovechado la ocasión para crear más confrontación con el PSOE. En el debate electoral del pasado jueves, Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, insistió en que el Gobierno impondrá peajes en las autovías españolas a partir de 2024 por orden de Bruselas, algo que su homólogo del PSOE, Patxi López, negó y aprovechó para acusarles de "mentir" intencionadamente.

 

Sea como sea, la sociedad ya ha dejado clara que no estaría dispuesta a pagar por las autovías. De hecho, un estudio de Foro de Movilidad ha apuntado que el 68% % de los españoles estaría dispuesto a cambiar su ruta a una carretera secundaria, a pesar de su mayor índice de siniestralidad, si tuviese que pagar por el uso de las autovías. 

 

 

 

Del estudio también se desprende que el 91% de los españoles están en contra de esta medida, el 63% considera que solo responde a fines recaudatorios, mientras que un 28% afirma que, como consecuencia, habrá un desvío de más tráfico a las carreteras secundarias.

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