Escrivá agita el debate sobre sucesiones con un informe del Banco de España

Un informe técnico publicado por el Banco de España, bajo la presidencia de José Luis Escrivá, ha desatado una fuerte polémica política y social al respaldar la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). La propuesta, que implicaría eliminar las bonificaciones autonómicas, podría suponer un aumento drástico en la carga fiscal de los herederos y una recaudación adicional de hasta 7.000 millones de euros.

La asociación Stop Sucesiones ha denunciado públicamente lo que considera un uso político del Banco de España, acusando a Escrivá de actuar como "brazo ejecutor" del Gobierno para preparar el terreno a una subida encubierta del impuesto a nivel estatal.

Un incremento fiscal de gran impacto

Según los cálculos del propio informe, aplicar un modelo homogéneo en todas las comunidades —con los mismos tipos y sin bonificaciones— elevaría la recaudación del ISD del 0,23% al 0,74% del PIB, lo que en términos reales supondría triplicar los ingresos actuales por esta vía.

El impacto sería muy tangible para las familias: un heredero que reciba una vivienda de 200.000 euros, que actualmente podría quedar exento, pasaría a pagar cerca de 28.250 euros. Para herencias de 300.000 euros, la factura fiscal podría superar los 50.000 euros.

Resistencia de las comunidades bonificadas

La propuesta ha generado una ola de críticas desde las comunidades autónomas con bonificaciones o exenciones en el impuesto. La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ha advertido que la armonización forzosa provocaría que muchos ciudadanos tengan que "pedir préstamos o renunciar a sus herencias".

También se han sumado al rechazo comunidades como Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Canarias, que consideran que el sistema autonómico permite ajustar el impuesto a la realidad económica local y evitar dobles cargas fiscales a las familias.

Un debate de fondo: ingreso o gasto

Desde el ámbito académico, voces como la de Cristina Enache, economista de la Tax Foundation, recuerdan que el verdadero problema del sistema fiscal español no reside en una baja recaudación, sino en un gasto público ineficiente. Además, matiza que el ISD, tal como está diseñado, suele ser más lesivo para las clases medias que para las grandes fortunas, que cuentan con estructuras para minimizar su exposición al tributo.

Aun así, desde el Gobierno y sectores favorables a la armonización, se defiende la medida como una forma de garantizar la equidad territorial y evitar el “dumping fiscal” entre regiones.

¿Reforma encubierta?

Para Stop Sucesiones, el informe del Banco de España representa una “alfombra roja” al Gobierno para apropiarse de las herencias, utilizando una institución independiente para legitimar un debate fiscal políticamente sensible. La asociación exige la retirada del informe y acusa a Escrivá de desdibujar la función técnica del regulador monetario en favor de objetivos partidistas.

La batalla sobre el impuesto de sucesiones no es nueva, pero este informe del Banco de España ha reactivado con fuerza un debate de calado económico, jurídico y territorial que podría marcar los próximos meses de la política fiscal española.