La incertidumbre de Glovo en España y su impacto en la economía y los repartidores

La reciente advertencia de Delivery Hero, la empresa matriz de Glovo, sobre el futuro de la compañía en España ha generado gran preocupación. Las elevadas multas y recargos de la seguridad social, que podrían alcanzar los 450 millones de euros, ponen en riesgo la continuidad de la operación de Glovo en el país. Esta situación no solo plantea un desafío financiero para la empresa, sino que también tiene profundas implicaciones para la economía del reparto a domicilio, especialmente en Catalunya, donde tiene su sede, y para miles de repartidores, muchos de ellos inmigrantes.

El impacto en Catalunya

Glovo tiene una fuerte presencia en Barcelona, ciudad que acoge su sede principal y que ha sido el epicentro del debate sobre el modelo laboral de las plataformas. Con alrededor de 1.700 trabajadores en sus oficinas y un vasto número de repartidores, la salida de Glovo tendría un impacto significativo en el ecosistema laboral y en el sector de la restauración catalana. 

Un juez de Barcelona ha condenado a Glovo por emplear a 3.572 "falsos autónomos", la mayor cifra hasta la fecha en una sentencia de este tipo, lo que ha impulsado a la empresa a cambiar su modelo laboral. Este cambio, sin embargo, no ha estado exento de problemas, ya que ha generado una gran incertidumbre tanto en la empresa como entre los repartidores. La posible salida de Glovo no solo afectaría a los repartidores, sino también a las más de 50.000 tiendas y restaurantes asociados en España, muchos de ellos en Catalunya, que dependen de la plataforma para sus ventas.

Un modelo de negocio bajo escrutinio: multas y condiciones laborales

Las multas impuestas a Glovo no son un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una batalla legal de años entre las plataformas digitales y las autoridades laborales españolas. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social han argumentado que Glovo ha evadido sus responsabilidades al clasificar a los repartidores como autónomos, cuando en realidad, según las sentencias judiciales, debieron haber sido empleados. Estas sanciones buscan garantizar que la empresa cumpla con las obligaciones de seguridad social y respete los derechos laborales.

Desde la perspectiva de los repartidores, el modelo de "falsos autónomos" siempre ha sido objeto de fuertes críticas. Han denunciado en repetidas ocasiones que sus condiciones de trabajo son extremadamente duras, marcadas por la falta de un salario fijo, la ausencia de derechos como vacaciones pagadas o baja por enfermedad, y la total dependencia del algoritmo de la aplicación para conseguir ingresos. En este contexto, las multas se ven como un paso necesario para corregir un sistema que, según ellos, ha sido profundamente precario.

El futuro de los repartidores 

Es el principal punto de incertidumbre. Aunque Glovo ha anunciado la contratación de 14.000 repartidores en España, un informe de la Cadena SER señala que, a principios de este año, la mayoría de los más de 30.000 repartidores de la empresa en el país aún no tenían un contrato laboral. La posible quiebra de la filial española no solo pondría en riesgo los nuevos contratos, sino que dejaría sin empleo a los miles de "riders" que aún no han sido regularizados.

Además, esta situación afectaría de manera desproporcionada a la comunidad inmigrante. Según datos internos a los que tuvo acceso la Cadena SER, dos de cada tres repartidores de Glovo son inmigrantes. Muchos de ellos dependen de este trabajo como su principal fuente de ingresos. La falta de un marco laboral estable para este grupo ha sido una constante en el sector, y el cierre de Glovo podría agravar la precariedad de miles de trabajadores que ya se encuentran en una situación vulnerable, con algunos casos de repartidores irregulares que han sido multados, como en Sevilla.