El servicio de ambulancias catalán pendiente de los impagos del Consorci de Transport Sanitari de Girona

El Consorci de Transport Sanitari de Girona (CTSG), adjudicatario de diversos servicios de ambulancias en Catalunya, atraviesa una crisis económica de gran calado que ha derivado en retrasos salariales de tres meses, conflictos laborales y dudas sobre su capacidad para mantener operativos los dispositivos de emergencia. La situación ha estallado con especial virulencia sobre los Técnicos en Emergencias Sanitarias, algunos de los cuales, llevan tres meses sin cobrar sus nóminas.

Los trabajadores describen un escenario límite: cuentas embargadas, denuncias por impago y una deuda que ronda los 7.000 euros por empleado. Pese a ello, la plantilla procura mantener  los servicios activos  aunque advierten que el esfuerzo “no puede prolongarse sin respaldo económico”.

En Girona, donde CTSG concentra buena parte de su actividad, la empresa ya había protagonizado episodios de tensión laboral. En febrero, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos empleados tras los destrozos de catorce ambulancias, un síntoma del clima de frustración acumulado en la compañía.

Ante la falta de ingresos, los trabajadores han solicitado que se activen mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio y el cobro de los salarios. Reclaman que se explore un concurso de emergencia o la entrada de otra empresa que pueda asumir la gestión y la subrogación de los trabajadores afectados.

La dirección de CTSG ha trasladado a las administraciones que estudia la posibilidad de ser absorbida por una compañía de mayor tamaño, que asumiría tanto la actividad como la deuda acumulada. La operación, sin embargo, se encuentra en fase preliminar y no existen plazos concretos.

La crisis de CTSG abre un debate más amplio sobre la viabilidad de los modelos de externalización en servicios críticos y sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión económica de las adjudicatarias. En los próximos días se esperan nuevas reuniones entre la empresa y las administraciones implicadas, mientras la plantilla aguarda una solución que permita recuperar la normalidad salarial y operativa.