Asesinan a tiros al fiscal que investigaba el asalto a una televisión de Ecuador
Criminales dispararon contra el coche en el que viajaba el pasado miércoles 17 de enero
El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ha condenado el asesinato del fiscal César Suárez, que estaba a cargo de una investigación sobre el asalto armado a las instalaciones del canal ecuatoriano TC Televisión, y ha rechazado "toda forma de violencia".
"A nombre del Gobierno Nacional queremos expresar nuestras condolencias a los familiares del fiscal César Suárez, la Fiscalía y la Función Judicial, en general. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos", ha expresado a través de un vídeo en el que aparece junto a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.
Loffredo ha ratificado "el fuerte compromiso" del Gobierno "en apoyar" a las instancias de la Administración de Justicia del país. "Los ecuatorianos estamos juntos y unidos en una sola fuerza, en un solo Ecuador", ha concluido.
Horas antes, la Fiscalía ecuatoriana había confirmado el asesinato de Suárez durante un tiroteo mientras circulaba con su vehículo en la ciudad de Guayaquil llevado a cabo por miembros de un grupo armado, anunciando que se han puesto en marcha las primeras diligencias "con el objetivo de garantizar" que el "crimen no quede en la impunidad".
"Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso", ha sentenciado la fiscal general, Diana Salazar, en un mensaje grabado publicado en la red social X, antes Twitter.
En este sentido, ha hecho un llamamiento a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los fiscales tras "este hecho atroz" y ha pedido a la judicatura que autorice que se celebren las audiencias "de forma telemática".
El fiscal, que trabajaba para la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, estaba a cargo del caso contra los 11 detenidos por delitos de terrorismo, cargo que conlleva una pena mínima de 16 años de cárcel y una máxima de 26 años.
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