El Supremo de Brasil acepta cargos contra militares acusados de planear el asesinato de Lula da Silva

El Tribunal Supremo de Brasil ha dado un paso clave en la investigación sobre la intentona golpista que se gestó tras las elecciones presidenciales de 2022. Este martes, el alto tribunal aceptó formalmente las acusaciones contra diez de los doce implicados en una presunta trama para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, instructor del propio caso y miembro del Supremo Tribunal Federal.

Los acusados forman parte del denominado “grupo 3” dentro de la investigación sobre el fallido intento de golpe de Estado posterior a la victoria electoral de Lula. Según la Fiscalía, se trata de once militares y un agente de la Policía Federal, todos ellos presuntamente involucrados en la planificación de una serie de acciones tácticas destinadas a interrumpir la normalidad democrática y mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder.

Entre las actividades atribuidas a los acusados figuran desde presiones internas para obtener el respaldo de la cúpula de las Fuerzas Armadas, hasta el seguimiento de autoridades clave y la organización de atentados. Estas acciones habrían tenido como objetivo no solo provocar un colapso institucional, sino ejecutar asesinatos políticos para facilitar un golpe militar, tal y como señala el Ministerio Público.

Un plan abortado a última hora

La operación no llegó a concretarse debido, según medios brasileños como UOL, al rechazo del entonces comandante del Ejército a sumarse al complot. Esta negativa de última hora habría sido determinante para frenar el intento golpista, que se encontraba en una fase avanzada de organización.

Uno de los episodios más alarmantes del caso es el que afecta directamente al juez Alexandre de Moraes, quien explicó que los conspiradores llegaron a monitorizar sus movimientos y se acercaron hasta su residencia en Brasilia con la intención de capturarlo o asesinarlo. “Si el golpe hubiera tenido éxito, difícilmente yo sería el instructor de esta causa”, declaró el magistrado, quien ha sido uno de los principales objetivos del bolsonarismo más radical por su firme defensa de la legalidad democrática.

Un núcleo armado y radicalizado

Entre los implicados se encuentra Wladimir Matos Soares, agente de la Policía Federal, cuya implicación ha sido probada mediante audios en los que afirmaba pertenecer a un "grupo armado listo para tomarlo todo" y “matar a medio mundo” para impedir la salida de Bolsonaro del poder. Este tipo de mensajes refuerza la tesis de la Fiscalía de que no se trataba de simples ideas radicales, sino de una estructura operativa activa y con intenciones violentas claras.

Con esta nueva tanda de decisiones, la Primera Sala del Supremo ya ha aceptado las denuncias contra 31 de las 34 personas inicialmente acusadas, incluida la del propio expresidente Jair Bolsonaro. De los tres casos restantes, dos fueron desestimados, mientras que el último, correspondiente a Paulo Figueiredo Neto —nieto del exdictador João Figueiredo y residente fuera del país—, aún está pendiente de resolución y fecha de juicio.

Un proceso que pone a prueba la democracia brasileña

El proceso judicial en marcha no solo tiene una dimensión penal, sino que representa un momento decisivo para la institucionalidad democrática de Brasil. Nunca antes en la historia reciente del país se había llegado tan lejos en el enjuiciamiento de altos cargos militares y policiales por conspiración golpista y tentativa de magnicidio.

La sociedad brasileña y la comunidad internacional observan con atención este caso, que podría marcar un precedente para frenar futuros intentos de subvertir la voluntad popular mediante la violencia o el uso ilegítimo del poder militar.