Los copríncipes de Andorra aprueban un indulto de seis meses para condenas de delitos menores

La medida se toma para conmemorar el inicio de funciones del obispo Josep-Lluís Serrano

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Vista de la entrada al centro penitenciario de Andorra.
Fotografia de archivo de Andorra

 

Los copríncipes de Andorra, el obispo de la Seu d'Urgell (Lleida), Josep-Lluís Serrano Pentinat, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, actuando de forma "conjunta e indivisa" han decidido adoptar un indulto de seis meses para condenados por delitos menores.

Según han informado en una nota de prensa conjunta, la medida de gracia se toma para conmemorar el inicio de funciones del nuevo copríncipe episcopal como jefe de Estado, así como su próximo y primer encuentro como copríncipes previsto para el mes de octubre.

La medida consiste, concretamente, en la reducción de seis meses de las penas de prisión y arresto impuestas por delitos y contravenciones penales cometidos antes del día 26 de junio de 2025, fecha del juramento del ejercicio de sus funciones por parte de Serrano Pentinat.

EXCLUSIONES
El comunicado detalla que quedan excluidas de la medida de gracia las personas condenadas por delitos contra la Constitución, contra la vida, la integridad física o moral, la libertad y la libertad sexual, contra la vida o la integridad de los agentes del cuerpo de policía o del cuerpo penitenciario.

Tampoco podrán acceder los condenados por delitos contra la salud pública referentes al tráfico ilegal de drogas tóxicas, robo calificado, terrorismo, blanqueo de dinero y de valores, delitos contra la comunidad internacional, corrupción, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Finalmente, también queda excluidos los presos con "mala conducta habitual", los inculpados condenados en rebeldía, excepto si comparecen dentro de los sesenta días naturales inmediatos a la notificación de la sentencia y los delincuentes habituales.

Se prevé que en los próximos días el decreto con la medida de gracia se publique en el Boletín Oficial del Principado de Andorra y corresponderá a la Justicia del país su aplicación a las personas beneficiarias.

 

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