Mucha “libertad carajo” y jornadas laborales de 12 horas: así es la nueva reforma de Milei en Argentina

El Senado aprueba una ley laboral que amplía jornadas, recorta costes de despido y limita huelgas: la promesa de más “libertad” desata protestas y un intenso debate sobre el rumbo del trabajo en Argentina

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El presidente argentino, Javier Milei - EP

 

La palabra libertad ha sido el eje del discurso político de Javier Milei desde su llegada a la presidencia. Sin embargo, la reciente reforma laboral aprobada por el Senado argentino ha abierto un fuerte debate social: ¿puede una ley que habilita jornadas de hasta 12 horas, modifica indemnizaciones y endurece condiciones sindicales encajar en esa narrativa? Para el Gobierno se trata de modernizar el mercado laboral; para sus críticos, es un giro que precariza el empleo en nombre de la eficiencia.

La aprobación de la norma estuvo marcada por protestas y disturbios en Buenos Aires, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron heridos y detenidos. El clima de tensión reflejó el profundo choque entre dos visiones del país: la liberalización económica frente a la tradición sindical argentina.

Tensión dentro y fuera del Senado argentino

Mientras en el Senado se debatía la llamada Ley de Modernización Laboral, en las inmediaciones del Congreso se concentraban miles de personas. Sindicatos y organizaciones sociales denunciaron que la reforma favorece a las empresas en detrimento de los trabajadores.

Los incidentes comenzaron cuando grupos de manifestantes derribaron parte de las vallas de seguridad. La respuesta policial incluyó gases lacrimógenos, agua a presión y balas de goma. Algunos alborotadores lanzaron objetos contundentes y artefactos incendiarios improvisados contra vehículos policiales, lo que intensificó el operativo de seguridad.

El resultado fue una escena de alta conflictividad que simboliza el momento político que atraviesa Argentina: reformas estructurales rápidas y una calle movilizada.

Las claves de la reforma laboral de Milei

La nueva ley introduce cambios profundos que afectan a despidos, jornadas, huelgas y representación sindical. Estos son los puntos más relevantes:

Indemnizaciones por despido

La reforma modifica la base de cálculo de las indemnizaciones, excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios no habituales. Esto reduce el monto final respecto al sistema anterior. Además, se habilita el pago en cuotas de condenas judiciales y se crea un Fondo de Asistencia Laboral para cubrir eventuales despidos.

Vacaciones, bajas y horas extra

Se permite fraccionar vacaciones en períodos más flexibles. En casos de enfermedad o accidente no laboral vinculados a conductas de riesgo, el trabajador percibirá un porcentaje reducido del salario.

Uno de los puntos más controvertidos es la creación de un “banco de horas”, que habilita compensar horas extra con días libres. En la práctica, este esquema abre la puerta a jornadas de hasta 12 horas, un aspecto que ha generado fuertes críticas sindicales por su posible impacto en la salud y conciliación.

Derecho a huelga

La ley amplía el listado de servicios esenciales, obligando a mantener altos niveles de actividad durante paros. Sectores como telecomunicaciones, transporte, educación (excepto universidades) y servicios portuarios deberán garantizar prestaciones mínimas elevadas, lo que limita la capacidad de huelga.

Representación sindical

Se introducen restricciones a bloqueos y tomas de establecimientos, tipificados como infracciones graves. Además, las asambleas sindicales no podrán interferir con el funcionamiento empresarial sin autorización. También se abre la puerta a sindicatos de empresa que superen en afiliación a los existentes.

Convenios colectivos

La reforma elimina la ultraactividad automática: los convenios perderán vigencia al expirar su plazo si no se renuevan. También otorga prioridad a acuerdos de empresa sobre convenios sectoriales.

Libertad económica vs. derechos laborales

El Gobierno defiende la reforma como una herramienta para dinamizar la economía, atraer inversión y formalizar empleo. Sus detractores, en cambio, sostienen que el paquete implica una transferencia de poder hacia el empleador y una erosión de derechos históricos.

Ahí reside la paradoja que domina el debate público: mientras el discurso oficial insiste en la ampliación de libertades económicas, sectores críticos ironizan con que esa libertad podría traducirse en más horas de trabajo y menos protección.

Argentina entra así en una nueva etapa laboral marcada por la promesa de flexibilidad y la incertidumbre social. El impacto real de la reforma —si generará empleo, conflictividad o ambas cosas— será una de las claves políticas y económicas de los próximos meses.

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