Tayikistán: El país musulmán donde el dictador prohíbe el hiyab y controla hasta la barba

Tayikistán, un país de Asia Central con cerca de 10 millones de habitantes y donde más del 95 % de la población practica el islam, se ha convertido en escenario de una campaña estatal sin precedentes contra la expresión pública de la fe islámica. En junio de 2024, el parlamento aprobó una ley que prohíbe el uso, importación y venta de prendas consideradas “ajenas a la cultura nacional”, un eufemismo legal que en la práctica se traduce en la proscripción del hiyab y otras vestimentas religiosas.

Un régimen autoritario con rostro secular

El presidente Emomali Rahmon —en el poder desde 1992— ha consolidado un sistema político que muchos analistas describen como dictatorial, basado en la centralización del poder y la eliminación de cualquier oposición significativa, incluyendo la que pudiera surgir desde la religión organizada. Aunque el término “dictadura comunista” no se ajusta a la realidad ideológica completa (el país no practica un comunismo clásico como el de la Unión Soviética, y hoy se define oficialmente como una república presidencialista secular), sí hay un claro legado de autoritarismo secular pos‑soviético que limita derechos fundamentales.

Las autoridades han justificado estas políticas como necesarias para “preservar los valores culturales tayikos, prevenir supersticiones y combatir el extremismo religioso”. Empero, estas medidas se aplicen en un país donde quienes se aparten de los dictados oficiales pueden ser sancionados con multas significativas, de hasta miles de dólares, por vestir el hiyab o ser líderes religiosos.

Más allá del hiyab: restricciones sociales y religiosas

La controvertida Ley sobre Tradiciones y Ceremonias no se limita a prohibir el hiyab: también restringe la participación de niños en celebraciones islámicas como el Eid al‑Fitr y Eid al‑Adha, regula bodas y fiestas familiares, y obliga a seguir códigos de vestimenta que el Estado considera “tradicionales”.

Organizaciones de derechos humanos critican estas normas por vulnerar la libertad religiosa y de expresión en un país donde la religión constituye una parte fundamental de la identidad cultural.

Control social, no libertad religiosa

Las políticas de Rahmon van más allá de la vestimenta: en años recientes se han cerrado mezquitas, desalentado barbas largas (en algunas ocasiones con intervenciones policiales para obligar a afeitarse), y limitado el acceso de menores a la educación religiosa desde 2011. La lógica oficial es que una sociedad secular fuerte es incompatible con una expresión religiosa visible que el gobierno asocia —sin pruebas concluyentes— con extremismos.

Pese a ello, críticos sostienen que estas políticas son herramientas para controlar a la población y minimizar cualquier forma de organización social ajena al régimen, especialmente tras décadas en que el poder de Rahmon se ha mantenido prácticamente sin oposición significativa.