Desalojo de gran magnitud en Mataró: desmontan un macrocampamento ilegal de chalets y barracas

La mañana de este lunes ha comenzado el desalojo del campamento ilegal instalado en las afueras de Mataró, un asentamiento que llevaba cuatro años creciendo sin control en unos terrenos rústicos de especial protección.

El dispositivo, que cuenta con la participación de unos 300 efectivos entre Mossos d’Esquadra, policía local y personal técnico, se ha desplegado en una superficie de unas quince hectáreas del espacio agrario Cinc Sènies-Mata-Valldeix, situado junto a la autopista. En el lugar se habían levantado construcciones de todo tipo: desde bungalós con piscina y barbacoa hasta caravanas y barracas, algunas utilizadas como segunda residencia y otras como vivienda habitual.

Un asentamiento irregular en suelo protegido

Los terrenos son propiedad de la inmobiliaria Mar SLU (antes La Llave de Oro), que los había arrendado a otra empresa, Nayla BNS SL. Esta, a su vez, dividió el espacio en decenas de parcelas para subarrendarlas a particulares, creando de facto un campamento sin permisos urbanísticos.

En total, unas 110 personas habían llegado a empadronarse en el lugar, pese a que las instalaciones carecían de cualquier autorización y contaban con conexiones eléctricas fraudulentas. Esta situación encendió las alarmas del Ayuntamiento de Mataró, que en agosto solicitó autorización judicial para iniciar el desalojo.

Riesgo de incendio y preocupación vecinal

El principal motivo que ha llevado al consistorio a exigir el desmantelamiento ha sido el elevado riesgo de incendio. La falta de un sistema de abastecimiento de agua y las precarias conexiones eléctricas suponían, según el propio Ayuntamiento, una amenaza grave para la seguridad.

Ya en febrero, el portavoz vecinal Miquel Bada alertó de que la situación generaba inquietud en la zona: “No hay infraestructuras para hacer frente a un posible incendio, y la conexión eléctrica es extremadamente peligrosa”.

El trasfondo social y urbanístico

El concejal de Planificación Territorial, Sergi Morales, ha subrayado que la preocupación municipal es doble. Por un lado, porque se estaba dando un uso prohibido en una zona agrícola de especial protección. Por otro, porque se estaba haciendo negocio a costa de la necesidad de vivienda de muchas personas.

A esto se suman los problemas derivados de la gestión de residuos y de las aguas en un espacio que, por su valor natural, debería estar protegido.

Procedimiento judicial y pasos previos

Antes de llegar al operativo de hoy, el Ayuntamiento dio varios plazos legales a la empresa gestora para retirar voluntariamente las instalaciones. Ante la falta de respuesta, se solicitó a la justicia la orden de desalojo, que finalmente fue concedida.

El consistorio también denunció la situación ante la Fiscalía de Medio Ambiente, apuntando la posibilidad de que se trate de una infracción penal por la transformación ilegal de terrenos agrícolas en un asentamiento urbano improvisado.