Este lunes entra en vigor la aplicación de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Reus, que afecta a los vehículos que no cumplen con los requisitos medioambientales, especialmente aquellos matriculados fuera de la ciudad. Este nuevo paso de la fase 3 de la ordenanza de movilidad, que estará en vigor hasta 2027, busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
Medidas progresivas y apoyos alternativos
El gobierno local asegura que la implementación será "progresiva y tranquila", con la posibilidad de un impacto limitado gracias a una veintena de exenciones y medidas de refuerzo, como aparcamientos disuasorios y el sistema de transporte alternativo "Ganxeta". No obstante, los comerciantes y algunos ciudadanos se muestran preocupados por el alcance de la ZBE y su impacto económico, especialmente en el comercio local.
Controversia en torno a la aplicación y los recursos judiciales
Mientras algunos vecinos consideran que la zona restringida es demasiado amplia, otros reclaman más información sobre el impacto económico de la medida. Varias entidades comerciales, como El Tomb de Reus, han recurrido a los tribunales, solicitando la paralización de la ZBE, argumentando que no se han realizado estudios suficientes sobre sus efectos. En paralelo, el gobierno municipal defiende que la ordenanza cumple con la normativa europea y que los beneficios superan las dificultades a corto plazo.
Expertos reclaman medidas complementarias
Aunque expertos en movilidad aplauden la ZBE como una medida positiva para reducir la contaminación, también advierten que esta no resolverá todos los problemas de movilidad.
El gobierno local, por su parte, asegura que la ZBE no afectará negativamente las compras de Navidad, ya que permite 24 entradas sin registro para los vehículos afectados. Sin embargo, el proceso sigue siendo vigilado de cerca por los tribunales.
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