Cómo hacer el cambio de modelo de residencias de mayores

Algunos residentes valientes, sus familiares y también trabajadores nos relatan la cotidiana realidad en las residencias de personas mayores. No son hechos aislados sino testimonios constantes de indignas condiciones de vida y de trabajo. Estos relatos reciben como respuesta declaraciones de buena voluntad, de profesionalidad y de preocupación por el bienestar de las personas mayores, por parte de las autoridades sanitarias de algunas CCAA y también, por parte de los presidentes de la Patronal del sector residencial. 

Recordemos dos noticias recientes que ilustran esta situación. La escalofriante denuncia de Mariano Turégano, con domicilio en una residencia pública de gestión privada de la Comunidad de Madrid, fue contestada rápidamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid con esta frase:” Vamos a asegurarnos que no pase más”. En Cataluña el documental “Broken Health”, disponible en Netflix, muestra una imagen favorable de la gestión de la pandemia en las residencias, que entra en claro conflicto con los relatos de trabajadores, familiares y residentes. ¿Nos merece credibilidad la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando asegura que lo va a hacer bien en el futuro, después de que sus acciones y omisiones hayan contribuido a la muerte horrible y en soledad de miles de personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid? ¿Ha dado muestras de contrición y asunción de responsabilidades el Govern sobre su gestión del coronavirus y la elevada mortalidad en residencias de Cataluña durante la pandemia? 

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), el presidente de la Asociación de Empresas de servicios para la Dependencia (AESTE) y el presidente de la Federación Estatal de la Dependencia, todas ellas agrupaciones de empresas que manejan un porcentaje elevado de los servicios residenciales privados, aseguran a través de los medios de comunicación su firme voluntad de lograr el bienestar de los mayores en las residencias. Tampoco ellos han hecho un análisis crítico de su responsabilidad sobre la catástrofe en las residencias españolas. Echamos de menos argumentos basados en evidencia científica que permitan demostrar lo que afirman continuamente:  “si hubieran obtenido la financiación adecuada la catástrofe se hubiera evitado o al menos hubiera sido menor”. 

Como investigadores de la salud de la población, hemos examinado los factores que condicionaron la entrada del virus en las residencias y la elevada mortalidad en los dos primeros meses de la pandemia, marzo y abril de 2020. Los resultados se encuentran publicados en dos artículos científicos (Ver aquí y aquí) y demuestran que:

- En la Comunidad de Madrid, las residencias privadas con plazas concertadas y las residencias públicas con gestión privada tuvieron una mortalidad dos y tres veces mayor que las residencias de titularidad y gestión pública, respectivamente 14%, 22% y 7%.  También las residencias totalmente privadas, sin colaboración pública, tuvieron una mortalidad casi doble que las residencias de titularidad y gestión pública (13% vs 7%). 

- La probabilidad de que el virus entrara en las residencias y la mortalidad aumentaron con el tamaño de las residencias. En la Comunidad de Madrid, la mortalidad fue de 10% en residencias con menos de 50 plazas, 15% para aquellas entre 50 and 99 places, 21% en aquellas entre 100 y 199 plazas y 18% en aquellas con más de 200 plazas. 

- En Cataluña, la probabilidad de infección y la mortalidad por Covid en las residencias de personas mayores aumentó con el número de plazas. La mínima mortalidad por Covid (4%) se observó en las residencias que tenían entre 30 y 70 plazas y alcanzó el 12% en las residencias entre 150 y 200 plazas.  En comarcas con elevada incidencia de Covid (más de 1000 por 100000 habitantes), la mortalidad por Covid en estas macro residencias alcanzó el 18% en esos dos meses, demostrando su incapacidad para hacer frente a la pandemia. 

Los datos hablan un lenguaje universal. Nuestros hallazgos, basados en los datos oficiales facilitados por los Portales de Transparencia de Madrid y Cataluña, coinciden con los de investigaciones internacionales sobre la infección por Covid y la mortalidad en las residencias de personas mayores.  Concluimos que para prepararse ante futuras epidemias debemos lograr que las residencias sean de titularidad y gestión pública y que su tamaño esté entre las 30 y las 70 plazas. Hay que alejarse del modelo de negocio que tiene como objetivo maximizar el beneficio económico.  

Los críticos de nuestras investigaciones deben ofrecer una contra evidencia basada en investigaciones rigurosas. Entretanto, las autoridades políticas en las CCAA con competencias en servicios sociales de larga duración,  los presidentes de grupos empresariales,  los empresarios del sector residencial,  y  los directores y gestores de las residencias deberían tomar en serio a la ciudadanía, no despacharla con buenas palabras y utilizar argumentos basados en la evidencia científica cuando propongan sus propias medidas de cambios en las residencias o pongan en cuestión el acuerdo del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de agosto de 2022. 

Se requiere una investigación oficial, independiente y multidisciplinar, sobre lo que ocurrió en las residencias de cada CC.AA. durante los primeros meses de la pandemia. Esta investigación serviría para dirimir responsabilidades, aprender de las buenas prácticas que lograron controlar la infección y la mortalidad de residentes y trabajadores e identificar las malas prácticas y omisiones para evitar que se repitan en el futuro. 

Todos estamos de acuerdo en que las residencias deben ser hogares que permitan una etapa de final de vida digna y segura a personas en situación de dependencia. Para conseguir este objetivo, la implantación del cambio imprescindible debe basarse en la evidencia científica, incluir la evaluación de cada intervención social y sanitaria y llevarse a cabo de forma transparente y democrática, integrando a profesionales, directores y gestores, trabajadores, familiares y residentes.