Decisiones que importan mucho

En política, los símbolos importan tanto como las decisiones técnicas. Y el reciente contrato de telecomunicaciones adjudicado por la Generalitat en Catalunya apunta, más allá de la letra pequeña, a una voluntad clara: reforzar la soberanía digital propia. El Govern de Salvador Illa ha otorgado a las empresas Sirt y Conecta —dos firmas locales que han formado una UTE (Unión Temporal de Empresas)— el despliegue de una red pública de fibra óptica con el respaldo tecnológico de Huawei. El proyecto, conocido como XCAT, conectará más de 5.400 sedes y servicios públicos antes de 2031, con un presupuesto total cercano a 201 millones de euros, de los cuales 127 millones corresponden a esta primera fase licitada.

Sirt y Conecta: dos actores locales en un tablero global

Sirt, una sociedad limitada en manos de dos socios a través de estructuras empresariales distintas, está especializada en telecomunicaciones, redes y ciberseguridad. Conecta (también conocida como Connecta), por su parte, opera en el ámbito de las infraestructuras digitales y la conectividad pública. Ambas han ganado notoriedad tras adjudicarse este contrato estratégico, que cubrirá infraestructuras críticas como hospitales, juzgados, comisarías y centros educativos. Cabe destacar que el importe de la licitación supera los ingresos que ambas empresas registraron individualmente en 2024, lo que añade una dimensión de riesgo y ambición al proyecto.

La Generalitat ha defendido que su oferta fue la mejor valorada técnicamente, superando a gigantes como Telefónica, Orange y Vodafone. Sin embargo, la decisión ha generado inquietud en el sector, especialmente porque el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), organismo responsable de la adjudicación, está dirigido por un exdirectivo de Huawei. Este vínculo, sumado al uso previsto de tecnología china, ha añadido un componente de desconfianza al ya sorprendente resultado.

Huawei y la "isla catalana" en Europa

El uso de tecnología de Huawei, en plena advertencia de la Comisión Europea sobre los riesgos de depender de proveedores chinos, introduce un matiz geopolítico en lo que, en apariencia, era una licitación técnica. La Generalitat insiste en que el proceso cumple todas las garantías legales y que la presencia del proveedor chino no compromete la seguridad de la red. Pero si realmente no la comprometiera, ¿por qué se están ofreciendo tantas explicaciones sobre una licitación adjudicada por altas puntuaciones técnicas?.

La controversia no es nueva. Bruselas considera a Huawei un proveedor de “alto riesgo”, y varios Estados miembros han vetado su participación en infraestructuras críticas por temor a la injerencia extranjera. 

Contratos adjudicados y anulados: un patrón inquietante en nuestro país

En los últimos años, Huawei ha protagonizado varias adjudicaciones relevantes en nuestro país, muchas de ellas posteriormente anuladas. En este 2025, la compañía fue seleccionada para instalar equipos en RedIRIS, la red pública de fibra óptica del Ministerio de Transformación Digital, por un valor de 10 millones de euros. El contrato fue cancelado poco después por motivos de “estrategia digital y autonomía estratégica” aunque lo cierto es que Huawei forma parte de RedIris, a pesar de la cancelación de ese contrato, porque  esa Red en concreto cuenta con equipos de comunicación fabricados por la empresa china, que actualmente están a pleno funcionamiento. 

También ganó Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para gestionar el almacenamiento digital de escuchas judiciales ordenadas por jueces y fiscales, bajo supervisión del Ministerio del Interior y el de Defensa. Este proyecto fue igualmente anulado tras las críticas del Partido Popular y las advertencias sobre la posible exposición de datos sensibles.

Taiwán y el Tibet en el retrovisor de China

El contexto no puede ser más irónico. En el Mobile World Congress 2025, celebrado en Barcelona, Huawei fue la firma invitada destacada, acaparando titulares por sus avances en inteligencia artificial y redes 5G. Todo esto mientras Europa refuerza su discurso de precaución frente a la expansión tecnológica china y Bruselas observa con lupa a Huawei.

Algunos han vinculado esta licitación con la palabra “independencia” y su significación independentista en Catalunya, pero conviene matizar. En 2017, durante el “procés”, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino fue tajante: para China, Catalunya es “una parte inseparable de España”. El principio de integridad territorial y no injerencia guía su política exterior, como ocurre con Taiwán y el Tíbet. Por tanto, la presencia de Huawei en Catalunya no debe interpretarse como una alianza política con el independentismo, sino como una relación estrictamente comercial. China prioriza la estabilidad y la cooperación económica con sus socios europeos, y difícilmente se alinearía con un movimiento secesionista que pudiera inspirar tensiones internas en sus propias regiones en disputa. Es sencillo, simple, de facil comprobación geopolítica. 

El partido se juega sobre el tablero de control de la cadena tecnológica mundial

Como os recordaba en el artículo “Con las luces puestas”, lo que está en juego no es solo quién instala la fibra, sino quién controla la cadena tecnológica que la hace posible. Los minerales estratégicos y tierras raras, en su mayoría controlados por China, son la base de toda infraestructura digital moderna. Pero nuestro país cuenta con algunas de esas minas, y su explotación se convierte, así, en un activo estratégico vital.

Catalunya, por su parte, aspira a una verdadera soberanía tecnológica.  Y a través de una estrategia industrial propia, está construyendo una infraestructura integral que abarca desde servidores y ciberseguridad hasta el diseño y la futura fabricación de chips. La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya desempeña un papel clave en la protección de redes institucionales y en el fortalecimiento de la confianza digital, mientras que el diseño de semiconductores emerge como uno de los sectores más prometedores.

El proyecto más emblemático es la futura fábrica de chips Innofab, ubicada en Cerdanyola del Vallès, junto al Sincrotrón Alba y la Universitat Autònoma de Barcelona. Con una inversión cercana a los 400 millones de euros, Innofab aspira a ser una instalación pionera en Europa, enfocada en la producción de chips innovadores que no replican los modelos asiáticos, sino que exploran nuevas arquitecturas y materiales.

En paralelo, Catalunya presidirá en 2026 la Alianza Europea de Regiones de Semiconductores, consolidando su papel estratégico en el mapa continental y coordinando una red de más de 250 actores —entre universidades, centros tecnológicos y empresas—. Aun así, el reto sigue siendo enorme: Europa todavía está lejos de igualar el músculo inversor de gigantes como TSMC o Nvidia. Por ello, la apuesta catalana se centra en la diferenciación y la innovación, con el objetivo de liderar el desarrollo de chips de nueva generación que impulsen la competitividad y la autonomía tecnológica del continente.

Catalunya quiere ser autosuficiente

Porque no basta con desplegar fibra óptica; hace falta dominar el ecosistema completo —desde los servidores hasta la ciberseguridad y la fabricación de chips—, un terreno en el que Europa aún no es autosuficiente.

Y aquí surgen las preguntas clave: ¿hasta qué punto puede un gobierno autonómico desarrollar una red soberana sin chocar con la normativa estatal y europea? ¿Qué riesgos implica depender de un socio tecnológico señalado por Bruselas como de “alto riesgo”? ¿Y qué significa realmente “soberanía digital” en un mundo interconectado y geopolíticamente tenso?

Más allá de los titulares, la operación revela un cambio de paradigma: la autonomía de Catalunya empieza a medirse en cables, chips, y servidores mediante el impulso del músculo público. Y ese tipo de decisiones, importan mucho.