Desmontando falacias

Con la aprobación del decreto que regula la inscripción extraordinaria de personas extranjeras, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que utilizar el sentido común y poner en marcha una iniciativa de justicia social. Sin embargo, la derecha no lo ve igual y, para variar, han montado una escandalera acusando a Sánchez y todo el Ejecutivo de querer tapar con esa decisión los problemas ferroviarios del país. Es igual, porque si no hubiera contrariedades con los trenes apuntarían a cualquier otra cuestión y es que el PP ha hecho de aquella célebre frase italiana que dice: “Piove porco Governo”, el centro de su estrategia política

En opinión de Isabel Díaz Ayuso, esa regularización no tiene otro objetivo que el electoralista. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid los inmigrantes podrán votar en las elecciones generales de 2027, cuando, en realidad, la Constitución española deja claro en su artículo 13 que “el derecho de sufragio para las elecciones generales y autonómicas corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos que tienen nacionalidad española, no solo residencia. Sí lo podrán hacer en las municipales los ciudadanos que procedan de la UE o de países con los que hay acuerdos de reciprocidad. En la práctica, los extranjeros residentes en nuestro país tardan unos diez años en obtener la nacionalidad, unos cinco si son hispanoamericanos. “Miente que algo queda”, deben pensar en Génova, 13 porque no ha salido nadie a enmendar a la presidenta madrileña. 

En la etapa de José María Aznar, como presidente del Gobierno, se llevaron a cabo, entre los años 2000 y 2001 dos regularizaciones extraordinarias que supusieron normalizar a algo más de medio millón de personas; la diferencia es que entonces lo hizo un Ejecutivo como “Dios manda” y ahora la iniciativa es de un Gobierno progresista, “bolivariano” para los trumpistas castizos. Aunque resulta imposible de cuantificar con detalle, se calcula que unas 800.000 personas podrían regularizar su situación y beneficiarse de la medida. 

La derecha y la derecha extrema nos quieren asustar al hablar de una supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la primera, al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” —porque no suponen ningún delito—, representan una ínfima parte de la inmigración, que mayoritariamente accede al país por vías regulares. El 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o simpapeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de estancia, se quedan en nuestro país.

Para evitar esa supuesta invasión PP y Vox tienen sus fórmulas y proponen frenar la inmigración irregular con una mayor presencia de buques en el mar con el fin de contener los cayucos que siguen llegando a Canarias desde Mauritania. Los de Feijóo apuestan por un mayor despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, mientras que los de Abascal se inclinan por la Armada. Ambas recetas chocan con la realidad; Frontex solo se puede desplegar en países europeos, como lo está en Canarias, y lo único que puede hacer son tareas de auxilio. Lo conveniente sería una mayor presencia de Frontex en África para disuadir las salidas, pero para eso es necesario el acuerdo con terceros países. Y en el caso de la Armada, ya lo dejó claro meses atrás el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro: “Que nadie piense que vamos a estar combatiendo en la mar la inmigración”.

Con la regularización se va a dar carta de normalidad a esas personas que recogen la fruta en el campo, que nos sirven el café en le terraza de un bar o a los que les limpian el culo a los ancianos que están en las residencias; pero es que, además, saldrán de la economía sumergida, cotizarán al Estado por lo que harán crecer el PIB y con sus contribuciones fiscales ayudarán a pagar a nuestros pensionistas.

Según el diario inglés The Economist, poco sospechoso de ser de izquierdas, en un interesante reportaje, publicado recientemente, sostiene que los migrantes resultan indispensables para los mercados laborales de los países desarrollados. Sin ellos se perdería dinamismo y riqueza, por cuanto estas personas ocupan trabajos de difícil cobertura por parte de los nacionales de cada país. No “roban el empleo a nadie”. Más bien al contrario, contribuyen a la creación de puestos de trabajo de mayor calidad y mejor remuneración, que ocupan los nativos. Además —continúa el escrito—, aumentan la productividad y combaten la crisis demográfica que afecta al llamado Primer Mundo. Dado que, en general, al menos en la primera generación, como aún ocurre en nuestro país, son más jóvenes que la población de acogida, tienen necesidad imperiosa de trabajar y consumen menos servicios esenciales, como la sanidad de lo que lo hacen los nacionales. Aportan el 10% de la Seguridad Social, mientras que solo gastan el 1%, y según la OMS, el coste sanitario de las personas a partir de los 65 años llega hasta el 90% del total, edad que aún no han alcanzado la gran mayoría de migrantes que residen en España. 

Los datos son muy elocuentes y en esta ocasión las falacias no tienen cabida, así que los profetas de la catástrofe y carroñeros de la política, harían bien hablando menos y leyendo más porque como decía Platón “Las opiniones sin conocimiento son la razón de la ignorancia”.