El PP y Junts presionan para investigar el escándalo de abusos y corrupción en la DGAIA

El Partido Popular ha mostrado su apoyo a la propuesta de Junts para crear una comisión de investigación parlamentaria que esclarezca la grave crisis que atraviesa la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, concretamente en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Ambos grupos exigen la comparecencia inmediata de la consellera Mònica Martínez Bravo para que dé explicaciones ante el Parlament.

En un comunicado difundido este jueves, el PP criticó la “grave irresponsabilidad” de esperar hasta mediados de junio para hacer declaraciones públicas sobre un escándalo de la magnitud de los presuntos abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la DGAIA. Los populares instan a que este asunto se aborde cuanto antes para aplicar las medidas pertinentes y que se asuman las responsabilidades necesarias para “acabar con este entramado corrupto”.

Además, el PP ha denunciado el silencio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del PSC ante este caso, calificándolo como una situación de “extrema gravedad” que requiere medidas drásticas para garantizar la protección de los niños afectados por estos “vergonzosos y aberrantes abusos”.

Por su parte, Junts ha anunciado que impulsará la comisión de investigación en el Parlament con el objetivo de “llegar hasta el fondo” en dos asuntos clave: el caso de los presuntos abusos de una red a una menor tutelada por la DGAIA y la investigación abierta contra el organismo por presuntas irregularidades en prestaciones a jóvenes extutelados, así como anomalías en la contratación pública y en subvenciones.

Este grupo también lamenta que no se hayan aprobado en el Parlament las comparecencias de varios ex responsables, entre ellos el exconseller Chakir El Homrani y el exdirector de la DGAIA Ricard Calvo, así como otros exsecretarios generales del Departamento.

La consellera Mònica Martínez Bravo ha solicitado comparecer en el Parlament para explicar la situación, mientras la Generalitat ha abierto un expediente informativo sobre el caso, intensificando la presión política y social sobre la gestión de la protección infantil en Cataluña.