Europa pisa el freno y el Supremo aprieta el acelerador en las decisiones que afectan a la "amnistía"
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no emitirá su primera sentencia sobre la ley de amnistía relacionada con el referéndum del 1-O hasta septiembre u octubre de 2025
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras deberán prolongar su incertidumbre judicial al menos cuatro meses más antes de conocer si el perdón de responsabilidades contables por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 se ajusta al Derecho de la UE.
La cuestión prejudicial fue elevada al TJUE el pasado mes de julio de 2024 por el Tribunal de Cuentas tras la convalidación de la ley de amnistía en el Congreso, el 30 de mayo de ese año. La consejera Elena Hernáez envió un auto de 56 páginas con ocho preguntas incisivas que, de manera cautelar, suspendieron el procedimiento contra Puigdemont, Junqueras, Artur Mas y otros 32 ex altos cargos del Govern.
El proceso europeo dirimirá si la ley de amnistía puede anular las posibles responsabilidades contables por un importe total de hasta 5,3 millones de euros. De ellos, 1,2 millones estarían vinculados a la organización del referéndum y 2,2 millones a la promoción exterior –cifras de Fiscalía–, mientras que Sociedad Civil Catalana eleva estas cuantías hasta 2,9 y 2,4 millones, respectivamente.
El Supremo ya resolvió que la amnistía no alcanza al delito de malversación
En paralelo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictaminó el 1 de julio de 2024 que la amnistía no alcanza el delito de malversación, manteniendo viva la orden de detención nacional contra Puigdemont y la inhabilitación de Junqueras. El PP, por su parte, ha pedido al Tribunal Constitucional aplazar su recurso hasta conocer la resolución europea, aunque el Constitucional planea deliberar en un pleno monográfico entre el 24 y el 26 de junio y fallar “antes del verano”.
La dicotomía entre los ritmos del Constitucional y del TJUE sitúa a los líderes independentistas en un limbo jurídico que se extenderá hasta el otoño. Mientras en Madrid se apresuran a cerrar posiciones constitucionales, en Luxemburgo prefieren la cautela y demoran el fallo a la vuelta de las vacaciones.
La sentencia europea no solo decidirá el alcance real de la amnistía, sino que marcará un precedente sobre la capacidad de los Estados miembros para legislar indultos que puedan chocar con las responsabilidades financieras derivadas de administraciones públicas.
El resultado en septiembre será clave para el futuro político y judicial de los protagonistas del 1-O y, por extensión, para la relación entre España y sus instituciones europeas.
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