Nueva victoria para el Govern en el Parlament: el pacto que garantiza la continuidad de Illa

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles el tercer y último suplemento de crédito del año, que suma 468 millones de euros al presupuesto de 2023. Lo ha hecho con los votos favorables del PSC, ERC y Comuns, y la abstención de Junts. De esta forma, el Govern se asegura una cierta estabilidad presupuestaria pese a no contar con nuevos cuentas este 2025.

Este nuevo paquete económico, acordado con Esquerra Republicana y tras asumir compromisos sociales con los Comuns, permitirá financiar proyectos educativos, culturales, deportivos, de vivienda y en favor de la lengua catalana. Se añade así a los dos suplementos anteriores de 2.168 y 1.301 millones de euros.

La consellera de Economía, Alícia Romero, ha defendido que esta nueva inyección de recursos ha sido posible gracias a “la buena marcha de la economía, que nos ha permitido más ingresos”. A pesar del respaldo de ERC y Comuns, Romero ha dejado claro que lo ideal sería poder aprobar unos nuevos presupuestos, y ha afirmado que su departamento ya trabaja en los de 2026.

Desde ERC, el diputado Albert Salvadó ha sido tajante: “Sin un nuevo modelo de financiación para Catalunya no habrá presupuestos”. El partido liderado por Oriol Junqueras considera irrenunciable esta demanda, que forma parte del acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa.

Por parte de Junts, Jordi Munell ha criticado que estos suplementos de crédito reflejan “un mensaje de debilidad y falta de liderazgo”, y ha denunciado que se financian “a costa del empobrecimiento de los ciudadanos con más impuestos”. También ha lamentado que el pacto con sindicatos y patronales no refleja una mayoría estable, sino un intento de maquillar la situación política actual.

Desde el Partido Popular, el diputado Hugo Manchón ha afirmado que “el PSC prometió un Govern fuerte y estable y se demuestra que no es así”. Ha exigido que el Ejecutivo “abandone la dictadura lingüística financiada por todos” y ha reclamado el cierre de delegaciones del Govern.

Joan Garriga (Vox) ha cargado duramente contra el suplemento aprobado, acusando al Govern de “comprar apoyos con el dinero de los catalanes” para “imponer la lengua catalana” y alimentar “el despilfarro público”.

En defensa del acuerdo, el portavoz de Comuns, David Cid, ha subrayado que “con o sin presupuestos, los compromisos se tienen que cumplir”. Ha recordado que los pactos deben ir dirigidos a beneficiar a la ciudadanía y ha advertido al PSC de que exigirán más vivienda y mejores servicios públicos de cara a negociar las cuentas de 2026.

En el otro extremo del hemiciclo, la CUP ha rechazado el decreto acusando al Govern de “escapar del debate presupuestario” y de hacer propuestas “opacas y arbitrarias”. La diputada Laia Estrada ha denunciado que el PSC está gestionando “de forma tecnócrata y de mínimos”, sin afrontar los verdaderos problemas del país.

También Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha criticado duramente el uso reiterado de los decretos ley, señalando que debería ser una herramienta excepcional y no habitual.

Entre las medidas incluidas en el acuerdo destaca la incorporación de 200 profesionales a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), una cifra que ERC considera insuficiente, dado que estima que se necesitan al menos 800 para que el organismo funcione correctamente. Además, se han pactado 200 millones de euros para la rehabilitación de viviendas entre 2026 y 2028 y el compromiso de aumentar el parque de alquiler asequible.

Este suplemento de crédito marca el cierre de una etapa. A partir de ahora, el Govern centrará sus esfuerzos en la elaboración de los presupuestos de 2026. Pero desde ERC ya han dejado claro que su apoyo dependerá de dos avances clave: una financiación singular para Catalunya y el traspaso de Rodalies.