La falta de una estrategia consensuada que aúne a todas las familias 'indepes' y la ausencia de una respuesta unitaria ante la sentencia del Tribunal Supremo hacen mella en el movimiento.
Junqueras había manifestado la posibilidad de convocar elecciones catalanas como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra él y el resto de líderes políticos del 1-O.
El conseller de Economía lleva un mes lanzando mensajes contradictorios en un intento por ganarse el apoyo de las fuerzas de la oposición para sacar adelante unos nuevos presupuestos.
Ciudadanos considera que ha habido una "indebida utilización de recursos públicos" al servicio de una agenda oficial de actos totalmente sesgada en favor del independentismo.
"Llevaremos al Gobierno a los tribunales por los adelantos de 2019, que son nuestros, de los ciudadanos de Catalunya y que están reteniendo de forma irregular a nuestro juicio".
Los socialistas piden conocer si se están satisfaciendo "los honorarios de los profesionales a los que se ha encargado una intervención pericial a través del sistema de justicia gratuita".
La demanda se presentó a finales de julio conjuntamente con Abogados Catalanes por la Constitución para denunciar la "vulneración de derechos fundamentales" por parte del Govern.
El sindicato CC.OO. ha criticado duramente la iniciativa del conseller: "El cumplimiento del calendario laboral no puede ser una cuestión de voluntariedad de las personas individuales que tienen que trabajar".
El Consejo Asesor para el impulso de un Foro Cívico y Social por el Debate Constituyente ha durado sólo ocho meses y no ha redactado ningún documento público. Tampoco se conoce el coste que ha tenido este órgano, a pesar de que sus organizadores no estaban retribuidos.
Desde septiembre de 2018, la Cámara catalana ha aprobado seis leyes: cinco de ellas proposiciones de ley impulsadas por los grupos y un único proyecto del Govern --de restitución de la Agència de Salut Pública--.
El secretario general del sindicato en Catalunya, Javier Pacheco, ha criticado que ni el Gobierno central ni la Generalitat tienen, a su juicio, ni una mirada estratégica, ni dan continuidad a las políticas.
La cita llega después de la polémica suscitada por la agresión a jóvenes de centros de menores, manifestaciones vecinales en contra de espacios de acogida a estos jóvenes y agresiones puntuales.
