El Govern inicia trámites para sancionar a la propiedad del bloque en Gràcia por posibles irregularidades
La Generalitat detecta incumplimientos en el modelo de alquiler por habitaciones que podrían superar los límites legales de precio en 23 viviendas
El Govern de la Generalitat ha iniciado el proceso para sancionar a la empresa propietaria de un edificio situado en el barrio de Gràcia, en Barcelona, tras detectar posibles irregularidades en la gestión del alquiler de las viviendas. La decisión llega después de una inspección reciente que ha puesto el foco en el sistema de arrendamiento por habitaciones, una práctica cada vez más extendida en zonas con alta presión inmobiliaria y que, en este caso, podría estar vulnerando la normativa vigente.
Inspección y detección de posibles incumplimientos
Según ha explicado Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la actuación se produce tras una inspección llevada a cabo esta misma semana, en la que se analizó el funcionamiento del bloque ubicado en Sant Agustí de Gràcia. Durante esta revisión, los técnicos detectaron que el modelo de alquiler por habitaciones podría estar superando los límites legales establecidos, ya que la suma de los precios individuales abonados por cada inquilino excedería el máximo permitido para una vivienda completa.
Este tipo de prácticas, aunque legales en determinados contextos, deben ajustarse a los topes fijados por la normativa de vivienda, especialmente en áreas tensionadas como Barcelona, donde las administraciones han reforzado los mecanismos de control para evitar abusos en el mercado del alquiler.
Expedientes sancionadores y posibles multas
Ante estos indicios, el Ejecutivo catalán prevé abrir expedientes sancionadores para los 23 pisos que forman parte del edificio, al considerar que los hechos podrían constituir una infracción grave. De confirmarse, las sanciones podrían alcanzar un mínimo de 90.000 euros por cada vivienda, en aplicación de la normativa aprobada por el Parlament a finales de 2025 para reforzar la regulación del mercado inmobiliario.
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