Catalunya reconoce errores en ayudas sociales: pagos indebidos de más de 167 millones de euros en ocho años

Entre 2016 y 2024, el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya admite haber realizado pagos indebidos por valor de 167,5 millones de euros en diferentes tipos de prestaciones sociales. Así lo señala un informe reciente de la Sindicatura de Comptes, que denuncia falta de control, transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos destinados a la protección social.

Este documento, que da continuidad a auditorías anteriores sobre el sistema de atención a menores, pone el foco ahora en el diseño, implementación y supervisión de ayudas como la renda garantida de ciutadania, las pensiones no contributivas o las prestaciones por dependencia. El resultado es contundente: buena parte del dinero no ha llegado a quienes más lo necesitan.

Millones mal gestionados y difíciles de recuperar

Del total reconocido, se desglosan cifras especialmente significativas:

• 70,6 millones de euros en prestaciones de dependencia
• 43,8 millones en pensiones no contributivas
• 36 millones en la renda garantida de ciutadania
• 14 millones en complementos de pensiones

Aunque la mayoría de estos pagos se encuentran en proceso de reclamación, al menos 7,1 millones ya no se podrán recuperar debido a que han prescrito por el paso del tiempo.

Además, el informe alerta de que la cifra real podría ser incluso mayor, ya que, por ejemplo, aún no se han analizado más de 32.000 expedientes relacionados con la renda garantida. Una realidad que revela las carencias estructurales en los mecanismos de control y seguimiento del sistema.

Prestaciones que no llegan a quienes las necesitan

El documento también destaca una situación especialmente preocupante: mientras se detectan cobros irregulares, miles de personas en situación de pobreza severa siguen sin acceder a las ayudas.

Según la AIReF, un 67% de los ciudadanos que cumplen los requisitos para recibir la renda garantida en Catalunya no la perciben. Y la Sindicatura de Greuges añade que solo el 25,3% de los menores en pobreza severa reciben esta prestación.

A ello se suma la existencia de prestaciones incompatibles percibidas simultáneamente, como el caso de 1.241 personas que cobraban la renda garantida mientras mantenían contratos laborales a jornada completa, lo cual infringe la normativa vigente.

Un sistema fragmentado, externalizado y poco eficiente

Uno de los problemas clave identificados es la fragmentación del sistema de gestión, ya que las prestaciones se administran a través de ocho aplicaciones informáticas distintas, muchas de ellas externalizadas. Esta dispersión de plataformas y proveedores provoca retrasos de entre tres y seis meses en la tramitación de las ayudas, afectando directamente a los beneficiarios.

El caso de los jóvenes extutelados es paradigmático: pueden llegar a esperar hasta diez meses para recibir sus primeras ayudas, y en ocasiones cobran varios pagos acumulados de golpe, generando aún más incertidumbre.

Ayudas a jóvenes extutelados: una gestión con posibles conflictos de interés

En el análisis de las prestaciones dirigidas a jóvenes extutelados, la Sindicatura calcula que entre 2019 y 2022 se pagaron 4,7 millones de euros de forma indebida a más de mil beneficiarios, muchos de los cuales ya no residían en Catalunya o superaban los límites de ingresos. Estas cifras contrastan con los 250.000 euros reconocidos oficialmente por el Departament.

El informe atribuye parte del problema a los riesgos derivados de externalizar el seguimiento de las ayudas. El servicio SEVAP, adjudicado en 2022 a una UTE conformada por Fundació Resilis y Fundació Mercè Fontanilles, ha sido señalado por posibles conflictos de interés: estas entidades, que gestionan pisos de acogida, también deciden cuánto deben copagar los jóvenes que consiguen empleo.

La Sindicatura critica que no se revisan los periodos anteriores a la detección de ingresos indebidos ni se aplican mecanismos de corrección retroactiva. Además, algunos extrabajadores han denunciado irregularidades graves, como la existencia de “plazas fantasma” en los pisos de acogida.

Una decisión política: internalizar el SEVAP

Ante las críticas, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, anunció en rueda de prensa el pasado 26 de mayo que el SEVAP volverá a ser gestionado directamente por la Dirección General de Prestaciones Sociales, recuperando el control público sobre un servicio esencial.

Por su parte, la Oficina Antifrau está investigando el caso, y se espera que un próximo informe arroje luz sobre si las entidades adjudicatarias se habrían beneficiado de forma ilícita del sistema de acogida juvenil.