Europa examinará la ley de la amnistía avalada por el Constitucional el 15 de julio

El próximo 15 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará vistas públicas para estudiar varias cuestiones prejudiciales sobre la controvertida ley de amnistía española, justo cuando el debate político y jurídico sobre su legalidad ha alcanzado su punto más álgido.

El alto tribunal europeo escuchará a las partes implicadas en los recursos presentados por cuatro órganos judiciales españoles: el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Juzgado de Vilanova i la Geltrú. Todos ellos han cuestionado diferentes aspectos legales de la norma, alegando posibles conflictos con el Derecho de la Unión Europea.

Cuatro frentes judiciales en juego

Tribunal de Cuentas: plantea ocho preguntas vinculadas a si la amnistía afecta a la responsabilidad contable por el uso de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1-O y si se comprometen intereses financieros europeos.

Audiencia Nacional: cuestiona la aplicación de la amnistía en el caso de los CDR acusados de terrorismo, donde podría existir vulneración de principios básicos del derecho penal europeo.

TSJC: presenta dudas respecto a los ex altos cargos de la Generalitat, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, imputados por malversación.

Juzgado de Vilanova i la Geltrú: plantea si la norma responde a un intercambio político para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, lo que pondría en entredicho su legitimidad constitucional y europea.

Un fallo anticipado que tensiona al Constitucional

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, avaló la ley hace dos semanas con 6 votos progresistas frente a 4 conservadores, sin esperar el pronunciamiento del TJUE. Esta decisión fue tomada pese a las solicitudes de magistrados como Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, además del Senado y el PP, para paralizar el proceso o remitir la cuestión a Europa.

El argumento de Pumpido fue claro: el TC actúa con autonomía y no depende de otros órganos jurisdiccionales. Sin embargo, esta aceleración ha generado preocupación institucional, especialmente si el TJUE dictamina que la norma es incompatible con el Derecho de la Unión.

Confianza en Europa y antecedentes inquietantes

Desde los sectores críticos con la ley, como el abogado Juan Chapapría, parte demandante en el caso del Tribunal de Cuentas, se confía en que el TJUE acabe invalidando el aval constitucional. Apuntan a precedentes europeos, como el caso de Rumanía en 2019, donde la Comisión Europea frenó un intento de amnistiar delitos de corrupción impulsado por el entonces líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea.

Chapapría sostiene que la norma española carece de una base legítima de interés general y califica su aplicación como una posible “autoamnistía”. Además, critica la “inusual celeridad” con la que el Constitucional ha resuelto el caso, negando incluso la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial.

Sentencia europea en el horizonte

Según el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, las conclusiones del Abogado General estarán disponibles tras el verano, con el objetivo de que la sentencia definitiva se publique antes de finalizar 2025. De confirmarse un fallo contrario a la amnistía, el aval del Tribunal Constitucional español podría quedar sin efecto, abriendo un nuevo escenario jurídico y político de gran calado en España.