Tensión fiscal entre Hacienda y ERC

A 24 horas de la esperada Comisión Bilateral Estado-Generalitat, las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda, ERC y el PSC se encuentran en punto muerto. El motivo: la resistencia de María Jesús Montero a garantizar por ley que la Generalitat recaude la totalidad del IRPF generado en Catalunya a partir de 2026.

El acuerdo, inicialmente perfilado entre el PSC y Esquerra Republicana, contemplaba la presentación conjunta de una proposición de ley con el PSOE para habilitar este traspaso fiscal. Sin embargo, Hacienda ha optado por una vía más pragmática pero jurídicamente frágil: un convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria Española (AEAT) y la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC).

Para ERC, esta alternativa rebaja el alcance político del acuerdo y no garantiza la estabilidad del traspaso. "Los convenios se pueden romper; las leyes, no", argumentan fuentes republicanas, que además recuerdan que la ley incluía un calendario cerrado adaptado a una legislatura incierta, con presentación en septiembre y aprobación antes de fin de año.

En respuesta, ERC ha decidido presentar en solitario su propia proposición de ley este mes de julio como forma de presionar tanto al Gobierno central como al PSC, que ahora se encuentra en una posición incómoda entre lo pactado con Esquerra y la línea dura del Ministerio.

Disputa de fondo: quién manda en la recaudación

Aunque Hacienda no cuestiona que Catalunya acabe recaudando el 100 % del IRPF, sí pone límites al grado de control de la ATC y al ritmo de implementación, que se alargaría varios años. El secretario de Estado, Jesús Gascón —persona de máxima confianza de Montero—, defiende que durante la transición la AEAT mantenga el liderazgo técnico y operativo, alegando criterios de eficiencia y capacidad instalada.

El debate también evidencia una asimetría con los territorios forales, ya que el nuevo marco no contempla capacidad normativa para la Generalitat sobre el impuesto, algo que sí ocurre en Euskadi y Navarra.

Posibles salidas y consecuencias políticas

Entre las fórmulas que se barajan está reforzar estructuralmente la ATC, dotándola de más recursos humanos y tecnológicos antes de que asuma competencias plenas. También se estudia incluir en el acuerdo una mención explícita al principio de ordinalidad, es decir, que una comunidad que más aporta no puede ser la que menos reciba.

La incertidumbre se mantendrá hasta el último momento. Según el posicionamiento público de ERC tras la Bilateral, el Gobierno de Pedro Sánchez podría salir reforzado o debilitado, en función de si se percibe que ha cumplido o no con sus compromisos fiscales con Catalunya.

Lo que está claro es que, en un contexto de alta tensión política y presupuestaria, el IRPF catalán se ha convertido en una pieza clave del ajedrez económico y territorial de España.