El Abogado General de la UE avala la ley de amnistía pero advierte sobre plazos y independencia judicial

El Abogado General de la UE, Daniel Spielmann ha avalado la ley de amnistía catalana que beneficiaba a líderes independentistas, confirmando que no existe conflicto con el Derecho de la Unión Europea, según el fallo hecho público este jueves. Sin embargo, el tribunal advierte que el plazo de dos meses para aplicar la ley pudo haber sido demasiado corto, lo que plantea riesgos para la independencia judicial en el proceso.

Claves de la sentencia

El Abogado General, subraya que no existen vínculos reales entre la ley de amnistía y el Derecho europeo, desestimando los argumentos de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas sobre un posible desvío de fondos relacionados con el referéndum del 1 de octubre y la aplicación de la norma a miembros de los CDR. La decisión confirma que la ley de amnistía es compatible con la legislación comunitaria, aunque invita a reflexionar sobre cómo se aplican los plazos y los procedimientos judiciales.

Durante la vista en julio, el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, había cuestionado si la norma respondía a un interés general o si era una “autoamnistía” vinculada a un acuerdo político para favorecer la investidura de Pedro Sánchez, según actas del TJUE. La Comisión también había criticado que España no siguiera las recomendaciones de la Comisión de Venecia para fomentar un diálogo previo a la aprobación de la ley.

Aval previo del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ya había avalado la ley el 26 de junio de 2025 por seis votos a favor y cuatro en contra, a pesar de que varios magistrados pidieron esperar la resolución del TJUE. La medida buscaba la normalización institucional y política en Catalunya, aunque quedaban pendientes recursos sobre delitos de malversación presentados por Carles Puigdemont, exconsellers y dirigentes de Junts.

Con este pronunciamiento europeo, los líderes políticos de España y Catalunya disponen de una guía definitiva sobre la validez de la ley de amnistía. La sentencia también marca un precedente sobre los límites de los plazos de aplicación de normas de gracia y los posibles efectos sobre la independencia judicial.