Jordi Pujol pasa una evaluación médica para determinar si puede declarar desde casa

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años, ya ha pasado la revisión médica ordenada por los juzgados de Barcelona para determinar si su salud le permite quedar exento de desplazarse a Madrid en el juicio que le enfrenta a él y a su familia a partir del 24 de noviembre. El informe ya está en manos de la Audiencia Nacional, que será la encargada de decidir si acepta la solicitud de la defensa, según ha informado este viernes Catalunya Ràdio.

A finales de octubre, Pujol solicitó al alto tribunal español poder asistir al juicio de manera telemática desde Barcelona, evitando así, desplazarse hasta Madrid. 

La defensa del expresidente cantalán, aportó tres informes médicos que describen su estado físico y cognitivo para que el tribunal valore si es apto para afrontar el proceso y defenderse dialécticamente desde la distancia.

Los documentos señalan que el expresidente presenta “marcadores en sangre de la enfermedad de Alzheimer” y un “deterioro cognitivo grave”, que le lleva a “confundir hechos y personas”. Además, tiene dificultades de movilidad y cuenta con una discapacidad reconocida del 75%, que le hace dependiente. 

A pesar de las dificultades de salud, la familia insiste en que no se trata de inhabilitarlo, sino de adaptar el juicio a sus limitaciones. Según contó Oriol Pujol, su padre quiere declarar y explicarse, pero su delicado estado físico no le permitiría realizar los numerosos viajes semanales a Madrid durante seis meses.

Fiscalía y penas solicitadas

El Ministerio Fiscal acusa a Jordi Pujol y a su familia de crear “una red de clientelismo” y solicita nueve años de prisión para el expresidente por asociación ilícita (5 años) y blanqueo de capitales (4 años). Las penas más altas recaen en sus hijos mayores: Jordi Pujol Ferrusola, 29 años, por delitos adicionales contra Hacienda y falsificación documental; Mercè Gironès, 17 años; y Josep Pujol, 14 años. Para el resto de hijos, la Fiscalía pide 8 años de prisión cada uno.

La defensa, por su parte, sostiene que el dinero depositado en Andorra proviene de la herencia familiar, estimada en 140 millones de pesetas en dólares, y que “no guarda relación con la función pública” que Jordi Pujol i Soley ejerció desde 1980 hasta 2003.

El juicio arrancará el próximo 24 de noviembre, y la Audiencia Nacional debe decidir si el expresidente podrá seguir el proceso desde Barcelona, evitando así un desplazamiento que, según su familia, sería inviable dadas sus condiciones físicas y cognitivas.